Oakland, (CHL vía EFEUSA).- Jane García comenzó como pasante en La Clínica de La Raza a fines de la década de los 70 atraída por la misión de brindar atención médica a todos, especialmente a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal o capacidad de pago.
Cuarenta años después, García, de 66 años, es la directora ejecutiva de la organización, que ahora opera más de 30 clínicas en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano, y atiende a unos 90.000 pacientes al año. Cerca del 65 % es de origen latino, muchos de ellos inmigrantes.
García, quien tiene raíces mexicanas, creció en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Recuerda que su familia visitaba con frecuencia Juárez, en México, para comprar alimentos, cargar gasolina o cortarse el cabello.
Por eso, abogar por los inmigrantes fue algo natural, dijo García. Pero la mujer no ha limitado su defensa a las clínicas comunitarias.
En la década de los 90, California experimentó una oleada de ataques contra los inmigrantes, similares a las que se han manifestado en otras partes de los Estados Unidos en la actualidad.
El entonces gobernador, el republicano Pete Wilson, tomó medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y defendió la Proposición 187, que negaba el acceso de inmigrantes sin papeles a la atención médica y a la educación públicas. La medida, adoptada por los votantes en 1994, nunca entró en vigencia porque fue declarada inconstitucional por una corte federal.
García demandó a la Administración Wilson en 1997 por sus intentos de cancelar la atención prenatal para embarazadas indocumentadas a través de Medi-Cal, la versión estatal del programa federal de Medicaid para personas de bajos ingresos. Presentó la demanda en nombre de las mujeres inmigrantes indocumentadas, y ganó.
“En ese entonces, fue algo muy valiente poner a la clínica en medio de esa lucha y ser la vocera de esa demanda”, dijo Carmela Castellano-García, primera ejecutiva (CEO) de la Asociación de Atención Primaria de California, que representa a las clínicas comunitarias de salud. “Recuerdo haber estado impresionada por su audacia”.
Hoy, La Clínica es la principal demandante en una de varias acciones legales que desafían el intento de la Administración del presidente Donald Trump de expandir la regla de “carga pública”, lo que permitiría a funcionarios federales de inmigración negar más fácilmente la residencia permanente a quienes dependen de ciertos beneficios públicos, como Medicaid.
Los jueces federales bloquearon temporalmente la entrada en vigencia de la norma a mediados de octubre, por lo que la demanda de García está suspendida.
La Clínica de La Raza tiene una larga historia. Fue fundada en 1971 por estudiantes de la Universidad de California-Berkeley que eran objetores de conciencia a la Guerra de Vietnam, contó García. En lugar de servir en las fuerzas armadas, llegaron a un acuerdo con el Gobierno federal para establecer una clínica gratuita en el vecindario Fruitvale de Oakland, en donde la principal preocupación de sus residentes era el acceso a la atención médica.
García habla desde su oficina, un lugar lleno de plantas, retratos del activista César Chávez, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y un póster enmarcado de “Salud para todos”.
