Por
reportero de negocios del Seattle Times
Una parte clave de una ley de Seattle destinada a proteger contra la discriminación en la vivienda es inconstitucional, dictaminó el martes la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., pero confirmó otras partes de la ley.
La demanda apuntó a la ordenanza de “Oportunidad Justa de Vivienda” de Seattle, aprobada en 2017 , que prohibía a la mayoría de los propietarios preguntar a los posibles inquilinos sobre “cualquier registro de arresto, antecedentes penales o antecedentes penales” o negarse a alquilar a los inquilinos debido a ese historial.
La ley estaba destinada a ayudar a las personas con antecedentes penales a acceder a la vivienda y protegerlas contra las políticas que pueden dañar desproporcionadamente a los inquilinos de color debido a las disparidades en el sistema legal. Incluía varias exenciones, incluida la posibilidad de que los propietarios rechazaran a un inquilino en función de su condición de delincuente sexual.
Varios propietarios y un grupo comercial demandaron a la ciudad en 2018 , argumentando que la ley violaba sus derechos de libertad de expresión y debido proceso.
El Noveno Circuito emitió una decisión mixta sobre esos reclamos el martes.
El tribunal consideró que la prohibición de preguntar sobre antecedentes penales era demasiado amplia e inconstitucional. Sin embargo, el panel de tres jueces confirmó la prohibición de tomar “medidas adversas” contra un inquilino, como negarse a alquilarle en base a su historial.
La jueza Kim McLane Wardlaw escribió que “no hay disputa” sobre el problema que la ciudad estaba tratando de abordar, “una crisis de personas sin hogar entre los ex encarcelados y el uso de antecedentes penales por parte de los propietarios como indicador de raza”.
Pero “una prohibición total de cualquier discusión sobre antecedentes penales entre los propietarios y los posibles inquilinos” era desproporcionada para el interés de la ciudad en reducir las barreras a la vivienda, escribió Wardlaw.
La decisión envía el caso de vuelta a un tribunal inferior para determinar si las diferentes partes de la ley pueden separarse entre sí.
En su demanda inicial, los propietarios argumentaron que la ley violaba sus derechos de libertad de expresión al impedirles “acceder y compartir información veraz” y violaba sus derechos al debido proceso al limitar su capacidad para excluir a los inquilinos de su propiedad.
En 2021, un juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. no estuvo de acuerdo y confirmó la ley, al determinar que no “implicaba una carga de expresión sustancialmente mayor de la necesaria” para lograr los objetivos de vivienda de la ciudad. Pacific Legal Foundation, un grupo conservador que representa a los propietarios, apeló la decisión.
El último fallo abre la puerta a una versión más restringida de la ley de vivienda, en la que los propietarios podrían investigar los antecedentes penales de un posible inquilino, pero aún así no podrían usar esa información para negarse a alquilarles, según tanto los partidarios como los opositores de la ley. la ordenanza
Los propietarios creen que la decisión “sigue siendo una victoria” para los propietarios que quieren información sobre posibles inquilinos, dijo Ethan Blevins, abogado que representa a los propietarios. “Es útil que los propietarios estén al tanto de una situación”.
Un propietario soltero, por ejemplo, “podría no ir solo a la unidad si sabe que el inquilino tiene un delito grave violento”, dijo Blevins.
Pero los partidarios dicen que la ciudad debe continuar protegiéndose contra la discriminación.
“El tribunal reconoció que es muy difícil prohibir acciones adversas si la información está disponible”, dijo Nick Straley, director de litigios de Columbia Legal Services, que abogó por la ley. “También es importante que parte de esta información no esté disponible en absoluto”.
“Creemos que la ciudad podrá modificar su ordenanza para cumplir” con el fallo, dijo Straley. “Esperamos trabajar con la ciudad para garantizar que las personas con antecedentes penales continúen protegidas”.
Es probable que el fallo signifique que los propietarios pueden preguntar de inmediato sobre los antecedentes penales de los posibles inquilinos siempre que no usen esa información para tomar “medidas adversas” contra el inquilino, dijo Straley. Pero la decisión “no explicó [si] el arrendador tiene derecho a toda la información, parte de la información, si la información puede ser limitada de alguna manera. Todas esas son preguntas abiertas”, dijo Straley.
Es demasiado pronto para saber cómo la ciudad podría cambiar la ordenanza o si alguna de las partes apelará. El alcalde Bruce Harrell y la abogada de la ciudad Ann Davison no respondieron las solicitudes de comentarios el martes.
La concejal Lisa Herbold, quien patrocinó la ordenanza, dijo en un comunicado que la ciudad “puede o no” necesitar aprobar una nueva ordenanza, dependiendo de los próximos pasos en el tribunal inferior.
“Esta decisión puede dejar a la ciudad de Seattle para explorar la mejor manera de garantizar que la información que ven los propietarios no se utilice para excluir a los inquilinos”, dijo Herbold. La ciudad tiene como objetivo “garantizar que ningún arrendatario sea rechazado injustamente debido a antecedentes penales, a pesar de haber cumplido su condena, o la de otros, nunca condenados en primer lugar”, dijo.
La decisión del Noveno Circuito citó un puñado de leyes similares pero más limitadas en otras ciudades. Algunos requieren que los propietarios evalúen a los inquilinos sin mirar sus antecedentes penales, y luego permiten una verificación de antecedentes limitada más adelante en el proceso. Otros permiten que los propietarios consideren solo ciertos tipos de delitos o solo delitos dentro de un período de tiempo determinado, como los últimos siete años.
Wardlaw escribió que esas leyes imponen una “carga significativamente menor sobre el discurso de los propietarios”.
Heidi Groover: 206-464-8273 o hgroover@seattletimes.com ; en Twitter: @heidigroover .
