Hondureños esperan con incertidumbre la decisión de Trump sobre el TPS

Washington, 4 may (EFEUSA).- La comunidad hondureña residente en el país espera con incertidumbre la decisión que el presidente, Donald Trump, tiene que tomar en las próximas horas sobre la prorroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a muchos de sus miembros.
“Estamos con mucha incertidumbre, ansiosos por saber la decisión. La esperanza se ha ido reduciendo con la retórica antiinmigrante del presidente, pero seguimos con anhelo”, dijo en declaraciones a Efe Mardoel Hernández, un hondureño residente en Maryland y que está amparado por el TPS desde el año 1999.
Hernández es uno de los 55.000 hondureños, según los datos del Gobierno de Honduras, que gracias al TPS pueden residir y trabajar en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) calcula que, en total, unos 86.000 hondureños se beneficiaron del programa desde que, en 1999, el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara ese amparo para Honduras tras el paso del devastador huracán Mitch.
“Vine buscando mejores oportunidades en este país. Tanto yo como mis compatriotas hemos tenido que ser ciudadanos modelo porque cada 18 meses tenemos que pasar un control de antecedentes del FBI para renovar nuestro permiso”, explicó Hernández, que espera que Trump apruebe alargar el alivio para el próximo año y medio.
El exhaustivo control descrito por Hernández, oriundo de Tegucigalpa, es el que lleva a cabo el Gobierno para examinar si los beneficiarios de este programa han tenido problemas con la Justicia o con las autoridades locales.
Los analistas han alertado en los últimos meses del impacto que tendría para el país que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decida terminar con el TPS para Honduras, tal como hizo recientemente con países como Nepal, Nicaragua, Haití, y Liberia.
Según cálculos del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. se vería reducido en 31.300 millones de dólares en los próximos diez años sin la aportación de los hondureños con TPS que trabajan actualmente.
Para Nicole Svajlenka, experta en Política de Inmigración en el CAP, obligar a los hondureños a regresar a su país sería una decisión “cruel” por parte de la Administración Trump.
“Los beneficiarios de TPS hondureños han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas: han criado hijos nacidos aquí, han contribuido ampliamente a la economía y son miembros profundamente arraigados en sus comunidades”, indicó Svajlenka.
En caso de que el peor de los escenarios se cumpla, es decir, que Trump decida terminar con el alivio migratorio para los hondureños, Hernández debería volver a un país del que se fue hace casi 30 años.
“No quiero regresar por miedo, por la inseguridad que se vive en Honduras. Si el programa termina, nadie se va a ir al día siguiente: vamos a luchar por quedarnos aquí de manera permanente”, aseguró Hernández, miembro de la Alianza Nacional del TPS, con sede en Washington D.C.
Los activistas también consideran que Honduras no está preparado ni política ni económicamente para recibir de golpe a decenas de miles de hondureños que han vivido durante años en Estados Unidos.
En este sentido, un grupo de 56 congresistas envió este jueves una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que indicaron que las condiciones en el país centroamericano han empeorado en los últimos meses.
Mencionaron como motivo las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.
A pesar de los recientes acontecimientos, el Gobierno de Estados Unidos insiste en que el TPS fue otorgado a Honduras por el huracán Mitch y que los efectos de ese desastre han sido resueltos.
El pasado noviembre, el Gobierno decidió extender el TPS durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018.
Estados Unidos debe comunicar su decisión sobre el futuro del TPS para Honduras 60 días antes de que expire, por lo que la fecha límite para ese anuncio es el 5 de mayo.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.