San Juan, 2 mar (EFE).- Las autoridades federales de Puerto Rico informaron este sábado de que dos hombres fueron condenados por explotación de menores.
El primer individuo de 53 años, es líder religioso en el municipio de Cayey, en el norte de la isla, y fue sentenciado el 27 de febrero por el juez presidente Raúl M. Arias, a 240 meses de prisión por dos cargos de producción de pornografía infantil.
De acuerdo a las autoridades, el hombre utilizó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet, para persuadir y coaccionar a sabiendas a dos menores varones de quince años de edad a participar en actividades sexuales, un delito penal que incluye la producción de pornografía infantil según se define en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Además, empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a un menor e intentó participar en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir cualquier representación visual de dicha conducta.
Por otro lado, un hombre del municipio de Salinas, en el sur de Puerto Rico, fue condenado por el juez superior Francisco A. Besosa el 9 de febrero de 2024 a 51 meses de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional por posesión de material de explotación infantil, en violación de 18 U.S.C. 2252A(a)(5)(B).
Según documentos judiciales, una investigación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) sobre salas de chat que utilizaban la aplicación de chat Viber para intercambiar pornografía infantil identificó a usuarios que eran miembros de un chat que intercambiaba pornografía infantil.
Los números de varios usuarios estaban afiliados a números de teléfono de Puerto Rico y fueron remitidos al HSI de San Juan para que prosiguiera la investigación.
Una búsqueda en una base de datos de código abierto reveló que uno de los números de teléfono móvil identificados como miembro conocido de esas salas de chat estaba siendo utilizado por uno de los hombres condenados.
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow y Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, hicieron el anuncio.
Homeland Security Investigations se encargó de investigar el caso.
