Washington, 11 ago (EFE News).- Las reglas propuestas por el gobierno del presidente Donald Trump para restringir el asilo por razones de salud durante la pandemia de COVID-19 entran desde hoy en período de consideración de los casi 3.000 comentarios públicos, en su mayoría negativos, indicaron expertos en asuntos de inmigración.
En julio, el gobierno propuso un cambio en el trámite de los pedidos de asilo por el cual los funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) podrían negar las solicitudes de personas que, según esa autoridad, presenten síntomas de infección con el coronavirus.
“El gobierno tiene que tomar en cuenta los comentarios del público”, dijo a Efe Aaron Reichlin Melnick, consejero de política en el American Immigration Council. “Éste es un proceso que puede tomar dos o tres meses más”, agregó.
En uno de los comentarios el gremio que representa a los funcionarios de USCIS en la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condado y Municipio, indicó que esa propuesta no sólo “traiciona la tradición estadounidense como refugio mayor para los oprimidos del mundo, sino que fuerza a los empleados a llevar a cabo evaluaciones médicas para las cuales no están calificados”.
La propuesta del gobierno de Trump no se limita a los solicitantes de asilo que puedan exhibir síntomas de una enfermedad contagiosa, sino también a los migrantes que provengan o hayan pasado por un país donde haya un brote de la epidemia.
Reichlin dijo a Efe que es probable que la norma propuesta nunca vaya a aplicarse, puesto que la consideración de comentarios es obligatoria y “si hay, por ejemplo, 1.000 comentarios en el mismo tono, debe tomarse muy en cuenta el peso de esos argumentos, y si hay otros 100 sobre diferentes aspectos legales, llevará más tiempo analizarlos”.
“Una vez que el gobierno dé forma final a las reglas y las publique, esas reglas entran en vigencia pero hay un plazo que puede ser de 30 a 60 días para que el gobierno empiece a aplicarlas en la práctica”, continuó el abogado.
Es en ese período que puede haber demandas legales “y es casi 100 por ciento seguro que las habrá, porque esas reglas contrarían las leyes de Estados Unidos sobre asilo y la ley internacional sobre la protección de los refugiados”, añadió Reichlin.
La presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Jennifer Minear dijo que “esta barrera para quienes buscan asilo es totalmente injustificada e innecesaria”.
“Estados Unidos se cuenta entre los países con las tasas más altas de infección de COVID-19 en todo el mundo, de forma que la amenaza real de COVID-19 no está afuera de la fronteras de nuestro país sino adentro”, añadió en un comunicado.
“Éste es un intento de culpar a gente vulnerable que busca la protección humanitaria bajo el pretexto de salvaguardar la salud pública”, precisó.
Desde febrero de 2019 el gobierno de Trump ha impuesto otras medidas por las cuales rechaza el ingreso al país y niega las audiencias que la ley manda para quienes lleguen a la frontera solicitando asilo porque sufren persecución, violencia o peligro para sus vidas en sus países de origen.
Decenas de miles de personas que han llegado, principalmente de América Central, a la frontera sur para pedir asilo han sido devueltas a México o sus países donde aguardan, muchas de ellas en campamentos insalubres e inseguros, que se les notifique cuándo y dónde tendrán su audiencia ante un tribunal de inmigración.
