OLYMPIA — El procurador general Bob Ferguson presentó una demanda federal contra la Administración de Trump por arrestar a inmigrantes en los tribunales de Washington o en sus alrededores. Esta práctica es perjudicial para la seguridad pública y el sistema de justicia de Washington.
Desde el 2017, las autoridades de inmigración han arrestado a cientos de inmigrantes en los tribunales de Washington o en susalrededores. Contrariamente a lo que alegan los funcionarios de inmigración, las pruebas demuestran que estas detenciones no se limitan a personas peligrosas. Muchas de estas personas van a tribunales porque fueron víctimas de delitos o por cargos no violentos, como delitos de tránsito, sin poseer antecedentes criminales. Otros fueron a Corte para registrar vehículos motorizados, pagar multas de tránsito o acompañar a un familiar al tribunal.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, Immigration & Customs Enforcement) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, Customs & Border Protection), alega que los arrestos en los tribunales son ilegales e inconstitucionales. La conducta del DHS crea un obstáculo para que los inmigrantes accedan a la justicia y hace que el público esté menos seguro.
Cualquier persona que desee compartir información sobre arrestos federales de inmigración en los tribunales de Washington o en sus cercanías, incluidas personas afectada por tal práctica, debe comunicarse con la Oficina del Procurador General llamando al (833) 660-4877 y eligiendo la opción 6 del menú. Los mensajes se pueden dejar en cualquier idioma. También puede enviar un correo electrónico a la Oficina del Procurador General a courthousearrests@atg.wa.gov.
Un juez de Massachusetts emitió recientemente una orden judicial que bloquea la práctica de los arrestos en tribunales, mientras que en paralelo continúa una demanda separada contra tal práctica. “Cada día que la amenaza de arrestos del ICE siga existiendo sobre los tribunales de Massachusetts… bien podría suceder que algunos casos penales y civiles del estado no sean procesados por falta de participación de víctimas o testigos”, escribió el juez.
