El cierre de DACA causaría pérdidas millonarias y un despido cada 13 segundos

Chicago (IL), 29 ago (EFEUSA).- La posible cancelación de la Acción Diferida (DACA) por parte del presidente Donald Trump sacaría a casi 700.000 personas de la fuerza laboral, lo que supondría un costo de 460.000 millones en el Producto Interior Bruto (PIB) en la próxima década, advierte un estudio divulgado hoy.
Incluso si Trump optase por no permitir la renovación de los permisos actuales de dos años una vez que éstos expiren, aunque sea por un corto periodo de tiempo, tendría “consecuencias devastadoras” para los jóvenes, declaró Todd Schulte, presidente de la organización empresarial FWD.us.
El estudio indica que la pérdida de empleos debido a la anulación de DACA comenzaría inmediatamente y se mantendría hasta que todos los “soñadores” sean despedidos, ya sea automáticamente o en un plazo máximo de dos años.
Bajo este segundo supuesto, durante la primera semana habría más de 6.000 despidos de jóvenes indocumentados, que irían en aumento hasta llegar a 11.000 semanales, o uno cada 13 segundos, en el tercer trimestre de 2018.
Si esto sucediera, Schulte estimó que en los próximos dos años habría unos 1.400 despidos diarios por la pérdida de protección de los “soñadores”.
“DACA funciona, ha transformado la vida de casi 800.000 personas y funciona para todos, incluyendo los empleadores”, afirmó Schulte en una teleconferencia convocada ante los rumores de que Trump podría anunciar esta misma semana su decisión sobre el futuro de la orden ejecutiva aprobada en 2012 por su antecesor, Barack Obama.
Durante la campaña electoral, Trump prometió acabar con ese plan, aunque posteriormente reconoció que ese “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, sin dar más detalles.
Pero entonces diez fiscales generales republicanos y el gobernador de Idaho, Butch Otter, amenazaron con demandar al presidente si éste no elimina DACA antes del 5 de septiembre, por lo que el programa podría ser puesto en suspenso por un juez federal o ser cancelado por Trump.
El estudio señala que desde que Trump asumió la Presidencia en enero pasado, unos 200.000 jóvenes renovaron por dos años su estatus migratorio, que supone además un permiso de trabajo.
“DACA los salvó de las deportaciones, pero también les permitió estudiar e incorporarse a la fuerza laboral”, dijo Schulte.
“Estamos hablando de seres humanos, cada uno con una historia particular, que tendrían que enfrentarse a un proceso más doloroso, porque antes de ser deportados habrán perdido sus trabajos”, agregó.
“Esos jóvenes quedarán totalmente desprotegidos, sin saber cómo proceder con sus vidas”, dijo Tom Jawetz, vicepresidente del Center for American Progress (CAP) en la misma teleconferencia.
Un informe divulgado este lunes por CAP sobre los adelantos económicos y educativos logrados por los “soñadores” indica que el 97 % está empleado, estudia o ha logrado utilizar sus talentos individuales para iniciar su propio negocio.
“DACA impacta positivamente la vida de esos jóvenes, de sus familias y de la economía de los Estados Unidos en general”, dijo Jawetz, quien advirtió que si son eliminados de la fuerza laboral el impacto se sentirá en el Producto Interior Bruto (460,1 millones de pérdida), y en las contribuciones al Seguro Social y el Medicare (24.000 millones) en una década.
David Bier, analista del Cato Institute, que también participó en el estudio, destacó por su parte el “costo innecesario” que tendrán que asumir los empleadores para reemplazar a los trabajadores despedidos, estimado en 2.000 millones de dólares en dos años.
“Y todo por el despido de empleados productivos, por la única razón de un cambio arbitrario en la política federal”, señaló.
El estudio señala que DACA fue diseñada como una solución temporal y que en el Congreso se estudian iniciativas para proteger a estos jóvenes, pero su anulación sin un proceso que les permita continuar seguir viviendo y trabajando en EE.UU, traerá grandes problemas a las empresas, comunidades y la economía nacional.
“La Administración no debería cambiar el programa existente sin que se apruebe primero una ley que aborde los urgentes desafíos de la protección de estos jóvenes”, concluye.