SEATTLE (Agencias)—El delito más comúnmente acusado en Washington no debería ser un crimen en absoluto, argumenta el capítulo estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles en un nuevo informe.
Los contribuyentes gastan más de 40 millones de dólares al año para procesar casos de conducción en tercer grado con una licencia suspendida, según la organización.
El delito cubre a aquellos que mantienen la conducción después de suspender sus licencias por no pagar las multas de tránsito o por no presentarse a las audiencias judiciales, aunque aplica aquellas cuyas licencias están suspendidas por delitos más graves, como la conducción por ebriedad.
Los conductores han sido acusados 1,4 millones de veces, y condenados 860,000 ya que la Legislatura lo convirtió en un delito en 1993, dice el informe.
El informe, “Driven to Fail”, dice que la ley efectivamente criminaliza la pobreza, a veces envía a la gente a la cárcel por usar sus autos para conseguir los trabajos que necesitan para pagar sus boletos, y que hiere desproporcionadamente a jóvenes, minorías y bajos de ingresos. Además, el informe dice que hace poco para proteger la seguridad pública, ya que hay pocas razones para pensar que las personas que no pagan sus multas de tráfico son peores conductores que los que sí lo hacen.
Las ciudades y los condados han luchado durante años con la pesada carga de los casos, que en algunos lugares han constituido un tercio o más del expediente penal local. Algunas ciudades, incluyendo Spokane y Longview, han establecido programas para poner a la gente en el camino de pagar sus multas u obtener sus licencias de vuelta, mientras que los fiscales en algunos otros lugares, incluyendo Seattle, Yakima y Snohomish County, han dejado de presentar los cargos en absoluto.
