Juez de EEUU ordena a navieras pagar millonaria suma por uso de muelle cubano

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Vista del Empress of the Seas, de Royal Caribbean, el último crucero estadounidense en visitar La Habana miércoles, en La Habana (Cuba). Imagen de archivo. EFE/Yander Zamora

Miami, 31 dic (EFE).- Una corte federal de EE.UU. ordenó a cuatro compañías de cruceros pagar cerca de 440 millones de dólares como parte de varias demandas presentadas hace más de tres años, en las que acusan a las naviera de hacer negocio con bienes expropiados en Cuba tras la revolución cubana en 1959, en este caso muelles.

Las empresas matrices de Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, con sede en Miami, y MSC, fueron demandadas por ciudadanos estadounidenses al amparo del llamado Título III de la Ley Helms-Burton en busca de compensaciones por el usufructo de propiedades que pertenecieron a sus familias en la isla.

“Una indemnización de poco más de 100 millones de dólares por demandado es ciertamente razonable”, señaló la jueza de Miami en su fallo, fechado el 30 de diciembre.

Agregó que “una indemnización menor, como sugieren los demandados, no cumpliría efectivamente un propósito disuasorio, ya que una indemnización menor podría posiblemente considerarse simplemente como un costo de hacer negocios”.

El Título III había permanecido sin efecto desde la promulgación de la ley Helms-Burton o “Libertad” en 1996 hasta que en mayo de 2019 el entonces presidente Donald Trump la activó como parte de su política de mano dura hacia Cuba.

La norma faculta a ciudadanos estadounidenses a demandar en tribunales de EE.UU. a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o sus familias y fueron confiscadas después de 1959.

En el caso de los cruceros, que se prevé presentarán apelación del fallo, se refiere a los muelles del puerto habanero que pertenecieron a la firma Havana Docks Corporation.

Por los menos unos 72 cubanoestadounidenses han interpuesto demandas en cortes de EE.UU. en busca de indemnizaciones por el uso de bienes expropiados en Cuba.

Se trata principalmente de hoteles, en su mayoría de cadenas europeas, especialmente españolas, o aerolíneas que utilizan el Aeropuerto Internacional José Martí, que operan o han operado en propiedades nacionalizadas.

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