West Palm Beach (EE.UU.), 1 sep (EFE).- La jueza Aileen Cannon escuchó este jueves los argumentos a favor y en contra de que un perito independiente supervise la revisión de los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, pero no anunció una decisión sobre el asunto.
La jueza federal en los tribunales de West Palm Beach (Florida) dijo que dará a conocer por escrito y “a su debido curso” si es que designa un perito independiente como pidió Trump.
La jueza dio a conocer su decisión al cabo de una audiencia en una corte federal, en donde los abogados del Gobierno defendieron que la figura de un “special master”, como se denomina en inglés al perito independiente, no es necesaria y que incluso puede dilatar la investigación criminal.
Por su parte, los abogados del expresidente invocaron la designación de esta figura para que supervise el registro que calificaron de una “seria amenaza institucional” y propio de “tiempos de la colonia”.
Encabezados por el exprocurador de Justicia de Florida, Christopher Kise, el último sumado al equipo de Trump, los abogados señalaron que el perito no solo deberá supervisar los documentos cubiertos por el privilegio abogado cliente, sino el inventario de todo lo requisado por el FBI el 8 de agosto en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach.
El equipo legal de Trump solicitó el nombramiento de un “special master” la semana pasada y esa fue su primera acción para responder al registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago, en el que encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
La jueza federal Cannon anunció el fin de semana pasado su “intención preliminar” de conceder la solicitud del expresidente y nombrar a un perito independiente.
En una presentación a principios de esta semana, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que un perito es “innecesario” y que nombrar uno “perjudicaría significativamente importantes intereses gubernamentales, incluidos los intereses de seguridad nacional”.
Los fiscales dijeron que el FBI tenía evidencia de que probablemente se produjo una “conducta obstructiva” en Mar-a-Lago, diciendo que “probablemente se ocultaron y sacaron registros del gobierno de la sala de almacenamiento” en Mar-a-Lago donde los abogados de Trump dijeron que los documentos confidenciales habían sido guardados.
Durante la búsqueda, el FBI se incautó de 33 cajas, contenedores o elementos de evidencia tanto del almacén como de la oficina de Trump, según el documento.
