Washington, 9 feb (EFE).- Casi nueve años llevaba el Congreso de EE.UU. sin analizar los daños colaterales de los ataques con drones, un silencio que se rompió este miércoles en una audiencia en la que activistas denunciaron que entre 22.000 y 48.000 civiles han muerto en esas ofensivas desde 2001.
Una horquilla muy amplia, apuntada en el comité judicial del Senado por la directora del programa de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), Hina Shamsi, porque se desconoce la cifra exacta de víctimas de este método que Estados Unidos empezó a usar en sus operaciones militares tras los ataques del 11 de septiembre.
Los activistas denunciaron que la reacción al 11S rompió con la separación de poderes recogida en la Constitución, que establece que el Congreso es el único con capacidad de declarar la guerra.
Tras aquellos atentados se aprobaron dos resoluciones que en su momento dieron más poder a George W.Bush (2001-2009) para luchar contra Al Qaeda en Irak y Afganistán, pero que sus sucesores han seguido usando para atacar con drones a grupos terroristas de todo el mundo.
“Si cualquier otro país hubiera lanzado este programa, con razón diríamos que es un uso de la fuerza ilegal, extrajudicial y arbitrario”, afirmó Hina Shamsi, directora del programa de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés).
ACLU, uno de los grupos más importantes en la defensa de los derechos civiles, está dando asistencia legal a las familias que perdieron a sus seres queridos en un ataque de EE.UU. en Kabul el pasado 29 de agosto, en pleno repliegue de las fuerzas estadounidenses.
RESPIRAR A TRAVÉS DE LA DESESPERANZA
Shamsi describió el dolor de las familias que perdieron en ese ataque estadounidense en Kabul a diez de sus seres queridos, siete de ellos menores de edad.
“He oído de mis clientes que son padres el horror de tener que recoger los pedazos de los cuerpos de sus hijos”, narró Shamsi.
Y explicó la “dificultad para respirar a través de la desesperanza” que experimenta por ejemplo Anisa Ahmadi, la esposa del trabajador de una ONG que murió en ese ataque y que también perdió a tres de sus hijos y uno de sus nietos.
Estados Unidos ha ofrecido compensar a Ahmadi y su familia por el error cometido, pero ellos están tratando, con la ayuda de ACLU, de que Estados Unidos les acoja como refugiados.
Los demócratas del comité se mostraron receptivos con los argumentos de Shamsi y otros activistas.
Incluso, el presidente de ese comité, el demócrata Dick Durbin, cuestionó con firmeza la legalidad del programa de drones y denunció que los ataques se lleven a cabo con el máximo secretismo, sin dejar que el público estadounidense sepa si quiera en cuántos países del mundo se usan este tipo de armas.
“Me parece impresionante que eso no sea público. Es una traición a la sabiduría de esa política y a su legalidad”, arremetió Durbin.
“UN MUNDO DE FANTASÍA”
Los republicanos, sin embargo, se mostraron mucho menos abiertos a acabar con el programa de drones y expresaron temor de que Afganistán vuelva a convertirse en un “refugio” para los terroristas ahora que los talibanes han vuelto al poder y las tropas estadounidenses se han ido.
Especialmente combativo se mostró el senador republicano Lindsey Graham, quien consideró que los ataques con drones son esenciales para que EE.UU. se defienda de Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).
“No puedo creerme que estemos hablando de acabar con el programa de drones cuando más lo necesitamos. ¡Ustedes viven en un mundo de fantasía!”, arremetió Graham, que no paraba de moverse en la silla y cuyo rostro iba poniéndose más rojo a medida que hablaba.
Los argumentos de Graham fueron respaldados por Nathan Sales, jefe de la coalición contra el EI bajo el Gobierno de Donald Trump, y que en su comparecencia defendió que los drones son un arma “de precisión” que permite acabar con el liderazgo de los grupos terroristas sin poner en peligro la vida de soldados estadounidenses.
NUEVE AÑOS DE SILENCIO
La audiencia se produce en un momento en el que ha crecido el debate sobre las resoluciones que se aprobaron tras el 11 de septiembre para dar más poderes militares al presidente.
La última vez que el Congreso celebró una audiencia sobre las consecuencias de los ataques con drones fue hace nueve años, el 23 de abril de 2013.
