Q13 FOX NEWS – SEATTLE – La Corte Suprema de Washington restableció los cambios radicales realizados en los procedimientos de investigación del condado de King en 2018, brindando una vía ampliada para que las familias de las personas asesinadas por la policía busquen respuestas y culpabilidad.
En una opinión unánime, los jueces rechazaron el jueves la mayoría de las impugnaciones de varias agencias de aplicación de la ley del condado, incluida la Oficina del Sheriff del condado de King, que había argumentado con éxito en la corte superior que el ejecutivo del condado de King, Dow Constantine, se había excedido en su autoridad al hacer los cambios. Los jueces revocaron el fallo del tribunal inferior.
El Seattle Times informa que lo más significativo, sin embargo, es que los jueces acordaron que a los jurados forenses en el condado de King se les puede pedir por primera vez más de 40 años que determinen si un individuo asesinado por la policía murió por “medios criminales”, y en algunos casos Los casos requieren que los oficiales involucrados testifiquen, algo que los oficiales se han negado a hacer rutinariamente en el pasado.
En particular, el tribunal superior ordenó que los oficiales involucrados en las muertes por disparos de Charleena Lyles y Damarius Butts, ambos asesinados por la policía de Seattle en 2017, deben testificar.
“Las investigaciones forenses pueden ofrecer alguna medida de la responsabilidad necesaria para reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, pero esa responsabilidad depende de cómo se lleven a cabo las investigaciones forenses”, escribió la jueza Debra Stephens.
El fallo se produce más de tres años después de que Constantine detuviera las investigaciones en el condado de King, en medio de crecientes críticas por un proceso que, según los críticos, se había alejado de su intención original de investigación, se había inclinado hacia la aplicación de la ley y había demostrado ser una carga para las familias de gente que mata la policía.
La demora dejó a las familias de las personas asesinadas por la policía en el condado de King en un limbo legal, exigiendo respuestas, pero se les negó una vía para obtenerlas. Tres familias demandaron, incluidos familiares de Lyles, Butts e Isaiah Obet, asesinados por un oficial de Auburn que desde entonces ha sido acusado de asesinato en otro tiroteo policial.
“Esta fue la decisión correcta legalmente. También es la decisión correcta moralmente”, dijo La Rond Baker, abogada del Departamento de Defensa Pública del Condado de King, quien argumentó el caso ante la Corte Suprema para las tres familias. “Las familias quedan devastadas y traumatizadas cuando pierden a un ser querido debido a la violencia policial. Investigaciones justas y transparentes ayudan a responder preguntas no resueltas y, al hacerlo, ayudan a cultivar un camino hacia la curación y la rendición de cuentas”.
El condado de King es único en Washington, ya que su estatuto requiere que se convoque a un jurado de investigación por cada muerte causada por la policía. La mayoría de los demás condados de Washington se basan en investigaciones de muerte realizadas por un médico forense o un médico forense.
