Los Ángeles, 26 feb (EFE News).- Las colaboraciones entre las autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo los acuerdos 287 (g) se incrementaron de forma drástica en el Gobierno del hoy expresidente Donald Trump, sin que la agencia fuera sometida a supervisión, advirtió este viernes un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
Estos acuerdos aumentaron de 35 en enero de 2017 a 150 en septiembre de 2020, reveló GAO.
El informe también revela que muchos de los policías que participaron en el programa no cumplieron con los requisitos de capacitación y violaron la política del ICE.
“Descubrimos que el ICE tiene algunas políticas y procedimientos para supervisar y administrar los acuerdos con los socios, pero no tiene metas o medidas para evaluar el desempeño del programa o un mecanismo de supervisión para las agencias asociadas en su modelo de programa”, cita el informe.
Naureen Shah, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), destacó este viernes en un comunicado que “el ICE expandió exponencialmente el programa 287 (g) sin un plan para prevenir, detectar o remediar los abusos contra inmigrantes y la discriminación racial que probablemente diera a lugar”.
El ICE admitió que ni siquiera rastrea y no puede determinar cuántas deportaciones y detenciones han resultado del programa, advierte la GAO “La falta de supervisión es imperdonable y es en sí misma una razón para suspender el programa de inmediato”, sostuvo Shah.
Como parte del informe, la GAO hizo tres recomendaciones al ICE:Establecer metas de desempeño; evaluar la composición del programa 287 (g) para ayudar a apalancar sus recursos y optimizar los beneficios del programa; y desarrollar e implementar un mecanismo de supervisión.
Al respecto, Shah considera que las recomendaciones “no van lo suficientemente lejos”.
“Ninguna cantidad de supervisión puede solucionar el problema básico: que 287 (g) y los programas relacionados son una receta para arrestos engañosos y perfiles raciales”, expuso.
La ACLU destacó que más de 60 miembros del Congreso instaron recientemente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejando Mayorkas, a desmantelar el programa y que los alguaciles electos en muchas comunidades de estados como Georgia y Carolina del Sur se han comprometido a poner fin a los acuerdos 287 (g) de sus localidades.
“Durante una pandemia mundial, el costo de este enredo es aun mayor, ya que las personas se muestran reacias a obtener una prueba gratuita de covid-19 o una vacuna por temor a que las agencias estatales y locales no salvaguarden su información, o que el ICE la utilice. para localizarlos y deportarlos a ellos o a sus seres queridos”, valoró Shah.
