Por Joseph O’Sullivan Reportero del personal del Seattle Times
El siglo XXI ha sido amable con las empresas que recopilan y se benefician de los datos digitales personales de las personas.
Desde la información sobre el uso de navegadores web, la ubicación de las personas y los datos personales ingresados en los sitios web, las corporaciones han permanecido en gran parte sin regular en los Estados Unidos para recopilar y usar esos datos como mejor les parezca.
“Este es un tema en el que el bien público requiere que nos involucremos”, dijo el senador Reuven Carlyle, demócrata de Seattle. “Este no es un problema académico existencial, al final del pasillo”.
Por tercer año consecutivo, Carlyle intenta contrarrestar eso mediante la elaboración de algunas de las leyes de privacidad de datos más estrictas de Estados Unidos.
Pero al igual que en años anteriores, algunos legisladores, junto con grupos como la ACLU de Washington, lo han llamado “centrado en las empresas” y no creen que sus propuestas vayan lo suficientemente lejos como para garantizar la privacidad.
Es un debate poco común en Olimpia que se divide menos por partido político y más por legisladores de la Cámara y el Senado. El año pasado, la propuesta de Carlyle fue aprobada por el Senado 46-t o-1, antes de quedarse estancada en la Cámara durante las negociaciones allí.
La nueva propuesta de Carlyle, el Proyecto de Ley del Senado 5062 , otorgaría a los residentes del estado derechos para determinar qué tipo de datos recopilan las empresas y para poder revisar esos datos. A las personas se les permitiría corregir o eliminar esos datos. Entre otras cosas, requeriría que las empresas permitan a las personas optar por no procesar su información para un propósito específico.
Los legisladores del Comité Senatorial de Medio Ambiente, Energía y Tecnología votaron el jueves para promover la SB 5062.
La legislación se aplicaría a las entidades que realizan negocios en Washington que controlan o procesan los datos de al menos 100.000 personas, según un análisis legislativo del proyecto de ley . Las regulaciones también se aplicarían a las empresas que obtienen el 25% o más de sus ingresos brutos por la venta de datos personales, y que procesan o controlan la información de 25.000 o más clientes.
Las violaciones de la ley serían aplicadas únicamente por la Oficina del Fiscal General del estado bajo la Ley de Protección al Consumidor de Washington.
La propuesta cuenta con el apoyo de algunas empresas de tecnología, incluidas Microsoft y Amazon , así como de la Asociación de la Industria Tecnológica de Washington.
En una audiencia pública del comité la semana pasada sobre el proyecto de ley, Jennifer Lee de la ACLU de Washington llamó a la propuesta “centrada en las empresas”.
“Este proyecto de ley sólo proporciona una ilusión de protección de la privacidad, pero no privacidad real”, dijo Lee a los legisladores en la audiencia.
Lee señaló la falta de derecho de los abogados a emprender acciones legales contra posibles infractores. Ese también ha sido un punto conflictivo con algunos legisladores de la Cámara de Representantes, y con el Fiscal General Bob Ferguson, cuya oficina haría cumplir las regulaciones de Carlyle.
La oficina de Ferguson había expresado su preocupación de que el lenguaje en propuestas anteriores dificultaba su aplicación, pero Carlyle dijo que los cambios en su nueva versión han aliviado algunas de esas preocupaciones. Un representante de la Oficina del Fiscal General en la audiencia del jueves dijo que Ferguson aún prefería los derechos de los abogados para emprender acciones, pero que los nuevos cambios eran “alentadores”.
La ACLU de Washington se ha unido a varios otros grupos comunitarios y organizaciones de libertades civiles en la Tech Equity Coalition, que promociona sus esfuerzos para detener la legislación de Carlyle . En su lugar, buscarán una propuesta de la Cámara patrocinada por la representante Shelley Kloba, demócrata de Kirkland.
En una entrevista, Kloba dijo que su proyecto de ley, que aún no se ha presentado, permitirá a los abogados emprender acciones legales contra posibles infractores.
Y en lugar de pedirles a los consumidores que opten por no participar si no quieren que se usen sus datos, Kloba dijo que su legislación tendrá una disposición para optar por participar.
“Es privacidad por diseño”, dijo Kloba, quien también patrocinó la versión de House del año pasado . “Por lo tanto, una empresa no puede usar sus datos a menos que tenga una autorización específica y gratuita … para usar esos datos”.
Pero Carlyle ha calificado su proyecto de ley como “un paso adelante dramático” dado que básicamente no hay regulaciones en este momento.
“Quiero que tenga integridad operativa para las organizaciones que realmente tienen que implementarlo”, dijo Carlyle. “Y quiero crear derechos que simplemente no existen hoy”.Joseph O’Sullivan: 360-236-8268 o josullivan@seattletimes.com ; en Twitter: @OlympiaJoe . Joseph O’Sullivan, reportero del Seattle Times, cubre el gobierno estatal y la Legislatura.
