Houston (TX), 1 dic (EFE News).- A falta de 50 días para la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca, terratenientes, activistas, ambientalistas y abogados pro-bono luchan contrarreloj por defender las propiedades que el Gobierno federal quiere expropiar para acelerar la construcción de un muro que les dejaría en “tierra de nadie”.
Roberto López, organizador comunitario del Texas Civil Rights Project (TCRP), dijo a Efe que el Gobierno está aplicando “tácticas rápidas y agresivas” para lograr la expropiación de tierras para completar el muro que Donald Trump quiere dejar como legado más visible de su presidencia.
Tanto es así que si normalmente López tenía que enfrentar media docena de demandas al mes, esa cifra se elevó hasta las 21 en septiembre pasado, cuando ellos, reconocen, “ingenuamente” creyeron que el gobierno se enfocaría en atajar la pandemia.
El presidente electo, Joe Biden, ya prometió que durante su administración “no se construirá otro pie del muro” y, de acuerdo con datos recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hasta la fecha se han construido 402 millas de barrera a lo largo de la frontera y se espera completar un total de 450 millas para fines del año.
Según la Oficina de Control de Cuentas (GAO, en inglés), hasta julio pasado el Gobierno federal se había con 135 tramos o secciones de tierra privada en la frontera con México y estaba trabajando para adquirir otros 991 más, la mayoría en el sur de Texas.
UNA BATALLA FAMILIAR
Precisamente en esa zona, en el condado de Hidalgo, Reynaldo “Rey” Anzaldua Cavazos se ha unido a la batalla legal que llevan sus primos Baudilia “Lili” y José Alfredo “Fred” Cavazos para defender un predio que ha pertenecido a la familia desde 1750.
“Es muy difícil luchar contra el Gobierno de EE.UU. Esta no es la primera vez que lo hago”, dijo Rey, quien compareció en febrero ante el Congreso en Washington y cuya familia ya ha perdido 200 acres (81 hectáreas) de terreno por proyectos del gobierno con el muro.
Según Rey, veterano de Vietnam, la ley federal Real ID Act que fue aprobada por el Congreso en el 2005 y que ha ignorado más de 30 leyes ambientales para construir el muro, ha hecho que les sea “casi imposible” pelear en la corte federal.
“Nos han quitado el derecho al debido proceso”, dijo Rey, quien menciona que lucharán por la “cifra” que les darán por el terreno mientras intentan “retrasar” lo más que puedan el proceso de expropiación.
Del mismo modo, los hermanos Ramiro y Sylvia Ramírez llevan dos años luchando en las cortes para defender la propiedad que les conecta con sus ancestros en San Juan (Texas), también en el condado de Hidalgo.
Su tatarabuelo Nathaniel Jackson, hijo del dueño de una plantación en Alabama, se estableció allí en 1857 con su esposa, Matilda Hicks, una esclava emancipada.
El predio, que sirvió como parte del Ferrocarril Subterráneo y que permitió que esclavos huyeran hacia México a través de la ruta clandestina, comprende el cementerio de la familia y la iglesia Jackson Ranch Church, primera iglesia protestante en el sur de Texas, construida en 1874, así como el cementerio Eli Jackson.
EL ACELERÓN DE TRUMP POR AUMENTAR SU LEGADO
Según Sylvia Ramírez, tras las elecciones se “apresuró” la construcción de la barrera de acero de 30 pies sobre un dique que se divisa al este y oeste del predio.
Pero Ramiro Ramírez espera que la iglesia y los cementerios, considerados “monumentos históricos”, tengan la misma “protección” de la iglesia católica de La Lomita en Mission (Texas), que quedó exenta de la construcción del muro.
Por su parte, el comité ejecutivo del Partido Demócrata del condado de Webb (Texas) aprobó recientemente una resolución para hacer un llamado a la futura administración de Joe Biden para que anuncie “de inmediato” la suspensión de la construcción del muro en el sector de Laredo y “detenga” la incautación de propiedad pública y privada.
Asimismo, solicitan que sea anulada la “declaración de emergencia nacional” emitida por Trump en 2019 y el levantamiento de la exención de 27 leyes ambientales aprobada por el actual gobierno para acelerar la construcción del muro.
“Esperamos que Biden cumpla con su promesa, debemos ver otra alternativa para la seguridad fronteriza en lugar de un muro”, aseguró a Efe Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande (RGISC) y quien tomó parte en la redacción de la resolución, que será presentada el 5 de diciembre.
“Es muy importante que hagamos esto porque, aunque la construcción no ha iniciado en el sector de Laredo, al parecer empezarán muy pronto a expropiar las tierras en el área”, dijo Cortez, quien es además activista de la coalición “No Al Muro Fronterizo” (No Border Wall).
PETICIÓN A BIDEN
“Es crucial que Biden actúe de inmediato y ordene al Departamento de Justicia desistir de todos los casos de expropiación y al Departamento de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército cancelar todo contrato del muro”, dijo Scott Nicol, artista, conservacionista y miembro de la organización ambientalista Sierra Club.
Según Nicol, la “solución real” sería una “política humanitaria fronteriza e inmigratoria” en lugar de un muro que está causando una “enorme destrucción ambiental”.
Pero para muchas de estas propiedades es cuestión de tiempo y resta medio centenar de días para que Trump deje el Gobierno, 50 días de lucha para mantener y conservar unas fincas que para muchos es mucho más que simple tierra.
