Gobernador de Colorado promulga ley de reforma policial

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El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó este viernes una ley de reforma policial que deja sin efecto la inmunidad de los agentes sobre posibles demandas, ello al cabo de tres semanas de protestas contra la brutalidad policial y el uso de fuerza excesiva. EFE/Tannen Maury/Archivo

Denver (CO), 19 jun (EFE News).- El gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó este viernes una ley de reforma policial que deja sin efecto la inmunidad de los agentes sobre posibles demandas, ello al cabo de tres semanas de protestas contra la brutalidad policial y el uso de fuerza excesiva.

En las escalinatas del Capitolio de Colorado, en Denver, Polis enfatizó que en sólo 16 días el proyecto de la ley SB20-217 pasó de ser “una gran idea radical” a “una nueva ley histórica”, un rápido proceso que, dijo, “casi no tiene antecedentes en el gobierno estatal”.

Acompañado de legisladores y dirigentes comunitarios, el demócrata eligió para la firma de la ley la festividad de Juneteenth, que se celebra hoy en honor al Día de la Emancipación de los esclavos en el país.

“Necesitamos crear una nueva normalidad en la que los afroamericanos se sientan seguros y en la que las vidas de los afroamericanos sean importantes”, afirmó Polis.

El proyecto, que contó con amplio respaldo bipartidista, fue impulsado por la representante estatal Leslie Herod, demócrata y la primera afroamericana LGBTQ en ser electa en la legislatura de Colorado, y por el senador estatal Leroy García, presidente del senado local.

La ley elimina la “inmunidad calificada” para los agentes de las fuerzas del orden, por la que no se les podía demandar de manera individual por sus acciones, y exige que todos los uniformados lleven cámaras corporales encendidas al participar de operativos. Esa exigencia se implementará en etapas durante los próximos tres años.

Además, prohíbe la técnica de estrangulamiento o de restricciones al flujo de sangre, como el ejercer presión en la carótida, y se permite presentar cargos contra policías que fueron testigos de uso ilegal de fuerza por parte de sus colegas pero no intervinieron.

Finalmente, se crearán dos bases de datos estatales, una con la información demográfica de cada persona contactadas por la Policía, y otra sobre los oficiales despedidos o a los que se les retiró la certificación, para que no puedan volver a trabajar en Colorado.

La nueva ley afectará a unas 246 agencias de seguridad pública en Colorado, que en total emplean a poco más de 12.000 uniformados.

En el caso particular de Denver, la violencia policial es de larga data, como lo demuestra la represión policial de estudiantes chicanos y afroamericanos en mayo de 1969 en la Escuela Secundaria West, cuando los estudiantes se negaron a entrar a clases para protestar contra la policía.

Otros casos más recientes de hispanos inocentes abatidos por la policía de Denver en los últimos 20 años incluyen a Ismael Mena, Frank Lobato, Ryan Ronquillo y Jessica Hernández, todos ellos desarmados y los policías involucrados todos eximidos de cargos.

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