Los Ángeles, (EFE News).- Distritos escolares del área metropolitana de Los Ángeles gastaron “ilegalmente” en policía y seguridad escolar decenas de millones de dólares asignados a programas de ayuda a estudiantes de bajos recursos, aseguró una investigación publicada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La investigación realizada por la Fundación ACLU del Sur de California y Public Advocates comenzó en 2019 tras las denuncias de la Unión de Estudiantes de Pomona (PSU), que forma parte de la organización Gente Organizada, sobre las fallas del distrito escolar de la ciudad, de mayoría latina.
Los estudiantes hallaron que el Distrito Escolar de Pomona estaba tratando de gastar millones de dólares en programas de seguridad, aunque los fondos estaban destinados a los estudiantes con grandes necesidades.
“Dada la grave falta de fondos de California en su sistema de educación pública, es aun más crítico que los distritos escolares gasten sus escasos recursos de manera efectiva”, señaló Nicole Gon Ochi, abogada de educación pública de Public Advocates.
El estudio, que incluye 56 distritos escolares en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, encontró que los fondos destinados a ayudar a estudiantes de minorías y bajos recursos fue desviado a programas de seguridad y policía escolares.
ACLU dice en el reporte que “la desviación de fondos destinada a estudiantes de alta necesidad fue especialmente inquietante, ya que muchos de los distritos necesitaban más consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras”.
El reporte “Nuestro derecho a recursos: los distritos escolares están engañando a estudiantes de alta necesidad al financiar la aplicación de la ley” encontró que en 60 % de los distritos revisados había una proporción de 500 estudiantes por un consejero. Diez de los distritos carecían de consejeros.
El desvío de fondos de programas que favorecen a estudiantes que aprenden inglés, jóvenes que están en el sistema de crianza y estudiantes de bajos recursos, entre otros, viola las normas de Local Control Funding Formula (LCFF), que entró en vigencia en 2013 en California, advierten los activistas.
