Washington, DC (EFE News).- El Gobierno del presidente Donald Trump demandó a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de “santuario”.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.
Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados “a un gran costo”, lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es “ilegal”.
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
