Los Ángeles, 30 dic (EFE News).- Activistas urgieron a la comunidad a aprovechar este lunes el último día para presentar comentarios públicos contra el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de incrementar notablemente las tarifas para realizar los trámites migratorios.
La organización Raíces instó a tomar dos minutos para enviar los comentarios públicos sobre el plan que incluye grandes alzas en algunos trámites como la solicitud de la ciudadanía, que tiene un aumento del 83 %, al pasar de 640 a 1.170 dólares por costes de naturalización.
“Trump está tratando de obligar a los inmigrantes a financiar su agenda antiinmigrante manipulando nuestro sistema de inmigración para cubrir los bolsillos del ICE. ¡Alza tu voz!”, advierte la organización.
National Partnership for New Americans (NPNA), que agrupa a más de 35 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, también se unió al llamado nacional.
“Es crucial que USCIS retire su propuesta. El aumento de las tarifas para la ciudadanía y otros beneficios de inmigración es discriminatorio, punitivo e injusto hacia los inmigrantes de bajos ingresos y de clase trabajadora”, dijo en un comunicado Susan Collins, directora de políticas y defensa de NPNA
La activista subrayó que la regulación tendría un gran impacto negativo en la vida de los inmigrantes, “con consecuencias especialmente duras para las familias más vulnerables que viven en la pobreza”.
El pasado 14 de noviembre el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) publicó en el Registro Federal su propuesta, que entre otros aumentaría la renovación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al pasar de 495 dólares a 765.
Además de estos incremento, el Gobierno quiere obligar a abonar 50 dólares para poder solicitar el asilo.
USCIS argumentó en un comunicado de prensa que la agencia se financia con las tarifas que cobran por los servicios, y que la ley federal requiere revisiones cada dos años.
La nueva directriz también propone elevar las tasas asociadas con la residencia permanente legal de 1.140 a 1.610 dólares, y la renovación de permisos de trabajo pasaría de 410 a 490 dólares.
Asimismo, la solicitud de cancelación de deportación pasaría de 285 dólares a 1.800.
El plan ha generado el rechazo generalizado de la comunidad. Más de cincuenta alcaldes del país enviaron una carta al Gobierno federal pidiendo descartar los incrementos propuestos.
