Washington, DC, 27 dic (EFE News).- A Nito pernoctar en un motel tras una larga jornada de trabajo le costó ser deportado después de que empleados del lugar revelaran sus datos a autoridades migratorias. Hoy, este centroamericano de 37 años le pregunta al presidente, Donald Trump, “qué hubiera sentido de haberse separado de su hijo”.
“Mis hijos nacieron en EE.UU. no por error, nacieron porque tenían que nacer allí y ellos son de ese país. Yo no me puedo ir a otro lado”, afirma acongojado este padre de cinco chicos, dos de un matrimonio anterior de su pareja y tres de ambos.
Su historia, que relató desde un lugar que no precisó por razones de seguridad, es una de las muchas que engrosaron dos demandas -una de ellas presentada por el fiscal general del estado de Washington- que derivaron en sendos acuerdos que establecen el pago global por parte de la cadena de moteles de 12 y 10 millones de dólares, respectivamente, a los afectados.
Este 31 de diciembre vence el plazo para que quienes busquen una compensación económica de parte de Motel 6 presenten su solicitud.
La ONG Centro de los Derechos del Migrante está apoyando desde agosto a quienes hayan alquilado o se hayan alojado entre el 1 de febrero de 2015 y el 28 de junio de 2019 en alguno de los establecimientos de la cadena Motel 6 y cuyos datos hayan sido compartidos con las autoridades migratorias.
La directora de Comunicaciones de esta organización, Evy Peña, explicó a Efe que el Centro de los Derechos del Migrante ha hablado con afectados por las acciones de Motel 6.
Sobre los casos, detalló que hubo personas que estuvieron en centros de detención durante meses y luego fueron separadas de sus familias “después de vivir en EE.UU. durante décadas, de tener sus vidas totalmente hechas” en este país.
