Los Ángeles, 15 oct (EFEUSA).- Después de que tres jueces bloqueasen la pasada semana una medida sobre “carga pública” que entraba en vigor este martes, algunos inmigrantes afectados no saben si deben renunciar a unas ayudas que podrían hacerles en un futuro inelegibles a la residencia permanente o la ciudadanía.
La noticia de que jueces federales en los estados de California, Nueva York y Washington ordenaron el viernes pasado bloquear la medida, que haría inelegibles para la residencia permanente a beneficiarios de ciertos programas sociales, dejó en vilo a los miles de posibles afectados.
“Debería sentirme alegre, pero esto es como una tortura que se alarga y que no se sabe cuándo va a terminar”, dijo a Efe una residente de Los Ángeles que se identificó como María y que recibe ayuda pública para su hija indocumentada de 12 años.
Ambas llegaron a Los Ángeles desde Guatemala en 2011 de forma irregular, buscando ayuda para la pequeña que sufre de epilepsia.
La niña ha recibido tratamiento y actualmente está cubierta por un seguro médico con fondos estatales y federales para personas de bajos ingresos (MediCal), que en California también protege a niños indocumentados.
“Mi niña necesita el tratamiento y mi salario no me alcanza para cubrir las medicinas y las citas médicas, ni comprar un seguro privado”, narra María, que trabaja en una compañía de limpieza.
Su esposo, un mexicano con residencia permanente, quiere legalizarlas pero posiblemente la regla de “carga pública” las haría inelegibles.
“Él me dice que saquemos a la niña por unos días del tratamiento médico mientras iniciamos los papeles para que yo pueda tener mi permiso de trabajo y conseguir algo mejor, pero no soy capaz”, dice entre sollozos.
María también se queja sobre la desinformación que existe. La norma supuestamente entraría en vigor este martes.
“Nadie realmente nos ha dicho si nos castigarían; la trabajadora social del hospital nos dijo que no, pero uno ya no sabe en quién confiar”, confesó.
Según Nancy Flores, subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), el problema de María y de muchos otros indocumentados de bajos recursos que busquen legalizarse es que la norma “también analiza los activos/pasivos de la imagen económica completa de los migrantes”.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), “la inadmisibilidad basada en la carga pública está determinada por la totalidad de las circunstancias”.
Esto significa que un funcionario debe sopesar los factores positivos y negativos para determinar si alguien se convertirá en “carga pública”, explica Flores.
Como mínimo, un oficial de USCIS debe considerar varios factores, entre ellos: edad, salud, estado familiar, bienes, recursos, estado financiero, educación y habilidades del migrante.
