WASHINGTON, D.C. – Los abogados de las familias inmigrantes y la oportunidad económica denunciaron una nueva regulación del gobierno de Trump que tiene como finalidad privar a millones de familias del acceso a la atención médica y a otros programas o correr el riesgo del rechazo a conseguir el estado de residencia permanente legal en los Estados Unidos. Esta regulación de “Carga pública” recibió un número récord de comentarios, la extensa mayoría de ellos opuesta al movimiento de Trump. Ahora que la norma ha terminado, los abogados se están movilizando en las cortes y en el Congreso para bloquear su puesta en práctica.
La regulación de “Carga pública” fue propuesta el otoño pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Las estimaciones independientes indicaron que amenazaría a unos 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente. Además de enfocarse en inmigrantes de color, con discapacidades, y en quiénes tienen ingresos por debajo de $62,000, esa propuesta habría puesto las solicitudes para la admisión a los EUA o solicitudes para una “tarjeta verde” en riesgo si un inmigrante utiliza ciertas prestaciones sociales.
“Esta administración ha sido constante en su uso de tácticas dañosas y odiosas para asustar a las comunidades inmigrantes y crear miedo y ansiedad a muchas familias inmigrantes y sus hijos,” dijo Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social. “La rápida publicación de esta norma a pesar de más de un cuarto de millón de comentarios registrados durante el período de comentarios de 60 días indica que el gobierno ha elegido deliberadamente hacer caso omiso de las perspectivas, experiencias, e investigación proporcionadas por una amplia sección representativa de americanos. Entre los observadores que han comentado hay miembros del Congreso, alcaldes, abogados para las mujeres y las comunidades de color, líderes espirituales, la comunidad médica, educadores, inmigrantes y muchos otros americanos. Estos observadores eran personas de todos los ámbitos de nuestro país que enviaron el mensaje de que esta regulación amenaza la fuerza económica de nuestro país, y el futuro de nuestros hijos. ¡La decisión de hacer caso omiso es vergonzosa y demuestra una falta de consideración por la ley!”
La propuesta atrajo más de 266,000 comentarios públicos, de forma aplastante en la oposición. Además, se opusieron a la propuesta grupos de abogados y proveedores de atención médica, abogados de alimentación, abogados de vivienda, directores ejecutivos de corporaciones, y abogados para la oportunidad económica, niños, y familias trabajadoras.
“Como pediatra, esta regulación de carga pública es un asalto a mi papel profesional – me siento inseguro sobre cómo orientar a familias cuando sé que esa inscripción en los servicios básicos que los mantendrán sanos podría comprometer la unidad familiar. Esta norma final sirve para intimidar y asustar aún más a las familias que buscan servicios necesarios para mantenerse sanos y productivos. Junto con otras inminentes propuestas, estas acciones dañinas tendrán consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar del inmigrante,” dijo Julie Linton, MD, FAAP, Presidenta de la American Academy of Pediatrics Council on Immigrant Child and Family Health. La regulación del DHS es uno de varios ataques recientes y planeados contra las familias inmigrantes de color. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump ha redactado una regulación complementaria que ampliaría las deportaciones basadas en el uso de las familias inmigrantes de programas públicos. Los abogados cuentan con que la regulación del DOJ tenga un mayor “efecto escalofriante”, debido a las consecuencias de la separación de la familia por la deportación. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano también propuso regulaciones que negaban la ayuda de vivienda a las familias de estado mixto que incluyen una persona indocumentada – un paso que según se informa podría llevar a que 55,000 niños nacidos en los EUA se queden sin hogar. El Departamento de Comercio también intentó agregar una pregunta sobre la nacionalidad al Censo 2020, incitando un pleito al final ganado que discutía que la política privaría del derecho al voto a votantes de color. Al igual que estas políticas, se espera que la regulación de carga pública concluida hoy tenga un impacto desproporcionado en niños y familias de color.
