Chicago, 5 jun (EFEUSA).- La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) urgió al Gobierno que preste cuidados especiales a los niños inmigrantes detenidos en la frontera ante las denuncias de las malas condiciones en las que viven cuando están bajo custodia federal y el riesgo a que aumente el número de muertes.
Al menos siete niños han fallecido mientras estaban bajo el cuidado de funcionarios en los últimos meses, cuando en la década anterior no se había producido ninguna muerte, y los pediatras consideran que estos decesos se deben a la prolongada estancia en instalaciones federales que no están preparadas para los menores.
“Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza no son las adecuadas para alojar a niños, y mucho menos para detectar enfermedades o evitar riesgos de salud”, asegura a Efe la doctora Julie Linton, copresidenta del grupo de interés especial para la salud de inmigrantes de la AAP.
Cuando están enfermos los niños, explica Linton, estos suelen permanecer en silencio y no detallan sus síntomas, por lo que son necesarias personas capacitadas en el bienestar infantil en lugar de los agentes de la Patrulla Fronteriza que no saben interpretar estas señales.
“Una persona capacitada puede reconocer los síntomas de una enfermedad por la respiración o el latido del corazón; en caso contrario, una demora en el tratamiento puede provocar la muerte”, afirma.
El última víctima se registró en mayo pasado. Se trataba de Carlos Gregorio Hernández, de 16 años, quien murió en la Estación Weslaco de la Patrulla Fronteriza en Texas,seis días después de ser llevado a ese centro de detención y un día después de que se le diagnosticara gripe.
Tal es la situación que el propio secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, admitió recientemente ante el Congreso que “será difícil evitar más muertes de niños en custodia” a menos que reciban fondos extras para lidiar con el flujo sin precedentes de familias migrantes en la frontera.
El funcionario afirmó que “la crisis excede los recursos provistos” para el alojamiento y cuidado médico de las familias que llegan constantemente desde México y países centroamericanos.
En el pasado mes de mayo las autoridades detuvieron a 132.887 por entrar ilegalmente al país, para un total de 144.474, incluidos los puertos de entrada, casi tres veces más que los 51.862 del año pasado.
De los detenidos por cruzar ilegalmente, 11.507 eran menores sin la compañía de un familiar adulto y 84.542 formaban parte de grupos de familias en los que hay al menos un menor de edad.
Ante esta gran afluencia de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, la AAP ha reiterado su recomendación al Gobierno de que no separe a los niños de sus padres o de los mayores que los acompañen, y que en el caso de que ello ocurra, que se los trate con dignidad y respeto y se atienda su salud y bienestar.
“Los niños no son como los adultos. Se enferman rápidamente y cada hora que pasa puede complicar las cosas, especialmente en el caso de enfermedades infecciosas”, dijo Linton sobre los largos periodos de tiempo que miles de niños tienen que pasar en centros de detención o albergues.
Linton estudió la autopsia que le realizaron a una niña de 7 años que murió de una infección generalizada que progresó rápidamente, pero que no fue detectada por agentes fronterizos, y que la enviaron en autobús a otro establecimiento ubicado a 90 millas de distancia. Allí pasó una hora y media antes de ser tratada de emergencia.
Otros niños han muerto de complicaciones respiratorias provocadas por la gripe o neumonía. Algunos se enfermaron y debieron ser hospitalizados tras ser alojados en las “hieleras”, como se conoce a las habitaciones donde son recluidos, según la organización Human Rights Watch.
Los menores, que muchas veces son separados de sus padres y alojados en barracones, donde duermen en un colchón sobre el piso de concreto, son sometidos a condiciones que los “desorientan”, afirma la doctora.
Según Linton, esas instalaciones, además de ser peligrosas para la salud, están rodeadas de cercas con alambre de púas e iluminadas las 24 horas del día, un ambiente que además profundiza los traumas que pueden llegar a sufrir.
Por todo ello, la AAP recomienda que los niños sean procesados rápidamente, preferentemente en otro ambiente que no dependa de la Patrulla Fronteriza y se los entregue en el plazo de 72 horas a la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), que depende del del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El Gobierno informó de que esos plazos no se cumplen porque la demanda de lugares en los refugios supera la cantidad disponible y, por ello, los niños permanecen más tiempo del debido al cuidado de los agentes fronterizos.
“Esa gente ha pasado por muchas dificultades antes de llegar a la frontera en busca de asilo, y el tratamiento que reciben, lejos de permitirles recuperarse, los enferma y pone en peligro sus vidas”, lamenta Linton.
