Carnés de conducir para indocumentados fuera del presupuesto de Wisconsin

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Chicago (EFEUSA).- El restablecimiento de las licencias de conducir para indocumentados en Wisconsin deberá hacerse por medio de una ley propia, luego de que la Asamblea Legislativa estatal decidiera eliminar la propuesta del proyecto de presupuesto general.
El comité conjunto de finanzas de las dos cámaras, de mayoría republicana, votó a favor de eliminar del proyecto de presupuesto todas las provisiones “no fiscales”, entre ellas la iniciativa del gobernador estatal, el demócrata Tony Evers, para restablecer las licencias de conducir sin exigir el número de seguro social.
Asimismo, quedó fuera la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados puedan pagar matrículas universitarias al precio subsidiado que se le cobra a los residentes legales en el estado.
“La justificación dada por el liderazgo republicano en el comité conjunto de finanzas para eliminar esas provisiones proinmigrantes es falsa”, consideró este viernes la activista Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva del grupo Voces de la Frontera.
“Invertir en licencias de conducir y oportunidades educativas para la juventud de Wisconsin es algo que ayudará a crecer a nuestra economía”, agregó.
Centenares de activistas e inmigrantes se manifestaron el pasado 1 de mayo en Madison, la capital de Wisconsin, en el evento llamado “Día sin Inmigrantes o Latinos”, para reclamar a la Asamblea el restablecimiento de las licencias de conducir.
Según Neuman-Ortiz, el amplio apoyo recibido durante la protesta fue una muestra de que sí sería posible lograr los votos de ambos partidos en la Asamblea para aprobar las iniciativas, aunque esta vez con proyectos de ley separados.
Wisconsin emitió hasta el año 2007 licencias de conducir sin exigir el número de seguro social o preguntar por el estatus migratorio, pero dejó de hacerlo al entrar en vigor las exigencias de seguridad contempladas en la ley REAL ID.
La restauración de las licencias sin esos condicionantes beneficiaría de inmediato a unas 32.000 personas, de las cuales 22.000 trabajan en granjas y la industria lechera, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.

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