Juez bloquea impedimento acceso a fondos públicos para clínicas planificación

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Olimpya (EFEUSA).- Un juez federal bloqueó una ley que ordenaba la revisión del programa de planificación familiar y eliminaba los fondos a los proveedores de salud que ofrecen abortos o desvían estos procedimientos a otros especialistas.
El juez federal Stanley Bastian se inclinó a favor de la solicitud hecha por el fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, quien se refirió a la ley como “una nociva norma que habría afectado gravemente el acceso a mujeres a servicios de atención médica”, según recogen medios locales.
La norma, prevista que entrara en vigor el próximo 3 de mayo, establece que los centros de planificación deben tener una “clara separación física y financiera” entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.
La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EE.UU. y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos.
En términos más amplios, la norma afecta al fondo federal conocido como “Título X”, que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo Estados Unidos.
“La decisión de hoy garantiza que las clínicas de todo el país puedan permanecer abiertas y seguir brindando atención médica imparcial y de calidad a las mujeres”, dijo Ferguson en declaraciones recogidas en un comunicado.
“(La ley) habría puesto en peligro el acceso de la atención médica a las mujeres en todo el país”, añadió.
Los contrarios a la norma, considerada un gesto del presidente de EEUU, Donald Trump, hacia su base electoral más conservadora, la calificaban como una “norma de mordaza”.
“Washington está ahora 21-0 contra la administración de Trump”, dijo Ferguson, que no ha perdido ninguno de los 21 casos presentados desde el estado de Washington contra la Administración federal.

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