Ross defiende confidencialidad del censo ante polémica pregunta de ciudadanía

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Washington, 2 oct (EFEUSA).- El secretario de Comercio, Wilbur Ross, defendió hoy que las respuestas de los ciudadanos para la elaboración del próximo censo en 2020, cuyo cuestionario incluye una polémica pregunta sobre ciudadanía, son “estrictamente confidenciales”.
“Por ley, los datos y respuestas (otorgadas) al censo son estrictamente confidenciales. No pueden ser compartidas con absolutamente nadie fuera de la oficina censal”, aseguró Ross en un evento en Washington organizado por la asociación The Latino Coalition.
El Departamento de Comercio anunció en marzo que para el próximo censo, correspondiente a 2020, incluirá una pregunta sobre ciudadanía en su encuesta, con la que pretende “ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales (VRA, en inglés)”.
En respuesta a lo ocurrido, numerosos estados, ciudades y organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes han demandado al Gobierno del presidente, Donald Trump, en los últimos meses.
Ante esta situación, Ross volvió a insistir en que compartir los datos y/o respuestas de los encuestados por los trabajadores del censo es un “crimen federal”.
Los empleados del censo “no pueden proporcionar datos individuales a ninguna otra agencia gubernamental, incluyendo el FBI, el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) o cualquier policía local o estatal”, remarcó Ross.
“Desde 1954, los trabajadores del censo han jurado de por vida defender las protecciones de confidencialidad de su trabajo”, añadió el titular de Comercio, departamento encargado de elaborar el registro censal del país.
Ross defendió hoy este punto después de que un juez federal dictaminara el pasado 21 de septiembre que el secretario de Comercio debe presentar una declaración por querer incluir esa cuestión sobre ciudadanía en el censo 2020.
La última vez que una pregunta sobre ciudadanía fue incluida en el cuestionario del censo, que se realiza cada 10 años, fue en 1950.
El requerimiento judicial forma parte de un caso abierto por una demanda presentada por el estado de Nueva York y otros estados, ciudades y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) contra el Departamento de Comercio.
Los opositores a agregar la polémica cuestión sostienen que suprimiría la participación de unos 24 millones de inmigrantes, mientras que Ross defiende que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país.
En este sentido, destacó la importancia de “alcanzar y contar a cada persona del país”, y agradeció a las organizaciones The Latino Coalition, la Cámara de Comercio Afroamericana Nacional y la Cámara de Comercio Estadounidense de Asia e Islas del Pacífico, todas reunidas hoy en la capital, por formar una coalición para ayudar a elaborar el censo de 2020.
“Es muy importante que nos ayudéis a crear el censo, ya que determina la representación en el Congreso y guía la distribución de más de 675.000 millones de dólares al año en fondos federales”, explicó Ross.
Asimismo, señaló que es también una herramienta “muy útil” para decisiones como dónde construir carreteras o escuelas.
Por su parte, Héctor Barreto, el presidente de The Latino Coalition y un veterano republicano que trabajó en el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), aseguró estar “muy cómodo” con los términos de privacidad y los aspectos legales que protegen los datos compartidos con el censo.
“La mayoría de nuestra gente no tiene problemas con la pregunta sobre ciudadanía porque la mayor parte de las personas en Estados Unidos tienen un estatus legal de permanencia o son ciudadanos. Comercio está haciendo todo lo que puede para tener un recuento lo más preciso posible”, sentenció Barreto.
La población total estimada del país para 2017 era de 325,7 millones, de los cuales se calcula que un 18 % es de origen hispano.
Cada diez años, la Oficina del Censo cuenta el número total de personas que hay en el país, no el número total de ciudadanos, pero desde hace más de setenta no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos.

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