Juez estima que Gobierno cumplirá objetivo de reunificación familiar

San Diego (EFEUSA).- El juez federal Dana Sabraw mostró su confianza de que el Gobierno cumplirá antes de que expire el plazo con la reunificación de más de 1.600 familias inmigrantes, aunque expresó su preocupación por los padres ya deportados sin sus hijos.
En una audiencia de seguimiento en la demanda que entabló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el Gobierno, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron hoy que 1.012 menores de entre 5 y 17 años de edad han sido devueltos a sus progenitores, y que otros, sin precisar la cifra, han sido entregados a algún familiar.
El juez Sabraw, con jurisdicción en San Diego, dio plazo hasta el jueves para que el Gobierno entregue a sus padres indocumentados a más de 2.500 menores de entre 5 y 18 años, aunque los abogados de la Administración del presidente Donald Trump han dicho que solo 1.634 son elegibles para ello.
En un documento entregado a la corte el lunes, los abogados del Gobierno dieron cuenta de 463 padres inmigrantes que ya no están en el país y que fueron separados de sus hijos tras ser aprehendidos en la frontera con México, producto de la política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal emprendida por la Administración de Donald Trump.
Los abogados confirmaron hoy que este grupo de padres no se encuentran en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos, ante lo que Sabraw calificó de una “preocupante realidad” que ha quedado en evidencia durante este litigio.
El magistrado solicitó que se entregue una lista de dichos individuos en la que se incluya a qué país fueron deportados, con el fin de establecer una eventual reunificación.
El pasado día 16, Sabraw ordenó al Gobierno que detuviera de manera temporal las deportaciones hasta que se decidiese si daban más tiempo a los indocumentados para definir su futuro migratorio, un plazo que concluía este lunes pero que fue prorrogado por el magistrado hasta hoy.
Por medio de un escrito ingresado hoy a la corte, antes de la audiencia, el Gobierno federal rechazó finalmente la petición bajo el argumento de que los siete días adicionales generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía “ineficiencias” en el sistema.
Aumentaría además el “costo y obstaculizaría significativamente” su esfuerzos para lograr una expulsión “expedita” del país, indicó David W. Jennings, director adjunto de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por su sigla en inglés), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).