Supremo ampara polémicas normas para purgas del censo electoral

Washington, 11 jun (EFEUSA).- El Tribunal Supremo amparó hoy que los estados del país puedan purgar de sus censos electorales a las personas que no ejerzan su derecho a voto durante dos comicios generales ni respondan a los avisos.
Por un estrecho margen de 5 votos a favor y 4 en contra, la sala de mayoría conservadora respaldó una regulación del estado de Ohio que recoge esos preceptos, revirtiendo el fallo de un tribunal federal menor y abriendo la puerta a que otros estados utilicen ese modelo.
La sentencia, escrita por el conservador Samuel Alito, destaca que la norma impulsada en Ohio sirve para garantizar que el censo esté actualizado, de forma que no se mantenga en él a quienes ya no residan en ese distrito.
Para la mayoría del alto tribunal, la ley no se limita a expulsar del censo a quienes no acuden a votar, sino que permite que el estado se asegure de que el votante ha abandonado su casa mediante los avisos vía postal, a los que debe responder si continúa residiendo en su domicilio.
Uno de los argumentos de las organizaciones en defensa de los derechos civiles contrarias a la norma es el hecho de que Ohio inicia el proceso de certificación y purga del censo una vez que la persona en cuestión no ha ido a votar durante dos años, aunque luego deba esperar a que se completen los requisitos de esos cuatro años y de no responder a las advertencias.
Alito reconoció que la ley federal impide a los estados que eliminen del censo a los votantes por el mero de hecho de que no hayan votado, pero precisó que los mecanismos empleados por Ohio y otros estados cumplen con las condiciones constitucionales.
El magistrado explicó que “los estados no solo tienen el permiso, sino que están obligados a suprimir a quienes cumplan con los requisitos”.
La Unión Americana de Libertades Civiles calificó el fallo de “regresión en el derecho al voto” y de “un recordatorio de que la Administración (de Donald) Trump quiere volver atrás en el tiempo en estos derechos”.
La sentencia es vista como una victoria para los republicanos frente a quienes consideran estas normas una limitación a las minorías en su ejercicio de este derecho y se produce a tan solo cinco meses de las elecciones legislativas de noviembre.