ACLU espera resolución en demanda contra Gobierno por separación familiar

San Diego (EFEUSA).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) espera una resolución favorable tras presentar sus argumentos finales en una demanda colectiva contra el Gobierno federal, al que pide abandone una práctica que, denuncian, separa a cientos de padres e hijos que buscan asilo en el país.
El litigio, que busca una orden que permita la reunificación de familias en esta situación y el fin de dicha práctica, cobra visibilidad tras la llegada de la caravana migrante al puerto de entrada de San Ysidro, en el sur de California, dado que decenas de casos corresponden a madres acompañadas de sus hijos.
Si bien, no hay indicios de que se haya registrado alguna acción similar, el organismo defensor de los derechos civiles ha adelantado que se mantendrá alerta a la acción de las autoridades migratorias respecto a los miembros de esta caravana, compuesta en su mayoría por personas y familias originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El caso que encabeza la demanda colectiva es el de una mujer originaria de Congo, identificada únicamente como “Señora L”, quien fue separada durante meses de su hija de siete años tras entregarse a las autoridades estadounidenses en búsqueda de asilo político.
Días después de que la demanda federal fuera presentada ante la juez Dana Sabraw, en un tribunal de San Diego, California, el Gobierno federal reunificó a la mujer con su hija, quien había sido llevada a un albergue para menores en Chicago, Illinois.
La acción legal responde a reportes aparecidos en diciembre pasado según los cuales la Administración Trump estudiaba un nuevo plan destinado a separar a los padres de sus hijos una vez llegaran a la frontera para desalentar la migración, según explicó ACLU que ha catalogado esta práctica de “cruel e innecesaria”.
“Cuando las familias buscan protección en Estados Unidos, nuestras agencias tienen una obligación de darles una oportunidad justa para ser escuchados”, refirió antes de la audiencia de hoy Bardis Vakili, abogado de ACLU en San Diego.
“El separar niños traumatizados de sus familias durante el proceso viola sus derechos y traiciona los valores fundamentales americanos”, agregó.
Luego del caso que encabeza el litigio, una coalición de 50 organizaciones nacionales y otras 150 agrupaciones de 33 estados del país enviaron una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que pedían frenar esta práctica.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha señalado que no existe una práctica para separar familias, sin embargo hay excepciones, como en los casos en los que surjan dudas sobre el parentesco entre el adulto y el menor.
Esto, dado que “históricamente” organizaciones criminales han juntado a adultos con niños para reducir las posibilidades de que sean detenidos al hacer su petición.
El diario New York Times, en base a estadísticas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, señaló que “aproximadamente unos 700” pares de niños y adultos han sido separados en la frontera sur entre octubre y abril, incluyendo “más de 100 niños menores de cuatro años”.
Al caso de la “Señora L” se suman otros que han acaparado atención mediática, como el de José Demar Fuentes, un salvadoreño de 30 años que llegó en la pasada caravana de centroamericanos con su hijo Mateo, de un año de edad.
Fueron separados dado que existían dudas sobre la documentación que se había mostrado para comprobar el parentesco. Semanas más tarde, y tras la lucha de activistas, el menor regresó a los brazos de su familia.
Luego de la audiencia de hoy en que se presentaron ambos argumentos, se anticipa una resolución de la corte en próximos días.