Juez Federal Ordena Cancelación Inmediata de Orden de Retención de Inmigración Inconstitucional

1 agosto, 2017

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YAKIMA — Un juez de distrito federal dictó ayer en el este de Washington que el Condado de Yakima tiene que cancelar inmediatamente las ordenes de retención que impiden que una persona pague fianza, violando así su derecho a la Cuarta Enmienda de tener libertad de incautación ilegal. La corte dictó que el Condado no tenía autoridad de colocar una orden de detención de inmigración contra personas basado en una orden “de arresto” de inmigración – un formulario emitido por oficiales federales de inmigración. En un fallo oral tras una audiencia larga en Spokane, el Juez Salvador Mendoza, Jr. recalcó que la Cuarta Enmienda requiere que una orden de arresto tiene que ser aprobada por un juez neutral independiente – no por un empleado del Poder Ejecutivo. El fallo tiene implicaciones grandes ya que políticas similares están en efecto a través del país.

El Proyecto para los Derechos del Inmigrante (NWIRP) y Servicios Legales Columbia representan a la persona que estuvo detenido en la cárcel del Condado de Yakima por cargos estatales desde el 3 de mayo del 2017. A pesar de una orden estatal permitiendo al cliente de ser liberado bajo fianza, él no ha podido depositar la fianza debido a la orden de detención colocada por el Condado de Yakima. La política interna del Condado estipula que los oficiales del condado deben presentar una orden de detención cada vez que los oficiales federales de inmigración envían una orden administrativa “de arresto”, y en efecto esto bloquea cualquier orden judicial estatal permitiendo la libertad bajo fianza.

“El Condado no debe involucrarse y se le prohíbe tomar cualquier acción que impida [a una persona] pagar una fianza,” dijo el Juez Mendoza en una decisión oral requiriendo cumplimiento inmediato por parte del Condado. Los abogados del Demandante aplaudieron la decisión.

“La Constitución de los EE. UU garantiza el derecho a la libertad a todas las personas a menos que el gobierno demuestre un motivo fundado para quitar ese derecho fundamental,” dijo Bernardo Cruz, abogado con el Proyecto de Familias Trabajadoras con Servicios Legales Columbia. “Las cárceles en el Condado de Yakima y a través del país no pueden negar el derecho constitucional de libertad a una persona en base a un formulario completado en un cubículo sin una revisión judicial independiente. Simplemente no tiene un pase constitucional.”

La Corte también rechazó el argumento del gobierno federal de que simplemente aceptaran la determinación de motivo fundado por parte de un empleado de Inmigración como una base para el Condado de retener a personas bajo custodia.