Política de inmigración de Obama y Trump

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El presidente Donald Trump realizó su campaña en torno a siete temas principales, de los cuales dos están relacionados con inmigración:  La contrucción de un muro, a lo largo de las dos mil millas de la frontera entre México y Estados Unidos, bajo el principio que México debe pagar el costo de la construcción. Y la deportación de once millones de indocumentados*, de los cuales la mitad son mexicanos.

De Obama a Trump

Después de su elección en el 2008, Obama dijo que la inmigración no era un asunto primordial en su primer periodo de gobierno y en cambio se enfocó en la recesión económica en el 2009 y en el cuidado de la salud en el 2010. Sin embargo, durante su primer término, Obama se reunió frecuentemente con grupos defensores de los inmigrantes y los convocó a persuadir al Congreso para que se actuara sobre el tema de la migración.  (Migration News 2009) Además en el 2010, la reforma también fue parte de su discurso del estado de la unión.

Sin embargo, las elecciones realizadas de noviembre del 2010, incrementaron el número de representantes republicanos en el Congreso, cambiando las expectativas de una reforma migratoria integral a una reforma fragmentada. Los esfuerzos se enfocaron en las medidas pasadas que contaban con el apoyo bipartidista, incluyendo la llamada propuesta de ley DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors, presentada en varias ocasiones desde el 2001 que contemplaba el camino a la ciudadanía para los indocumentados traídos a los Estados Unidos siendo niños. Y la propuesta de ley Agricultural Job Opportunity Benefits and Security Act (conocida como AgJOBS y originalmente presentada en el 2003), que pretendía legalizar a trabajadores agrícolas indocumentados y facilitar la contratación de trabajadores huéspedes. Pero ambas medidas fueron bloqueadas en el Congreso, controlado por los demócratas, dado que los impulsores la reforma migratoria integral temían que al resolverse los aspectos “fáciles” de la reforma migratoria se podría substituir una acción integral.

En junio del 2012, mientras hacía campaña para su reelección, el presidente Obama autorizó la ley la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). A la fecha ha concedido permisos de residencia y trabajo de dos años a 741 mil indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años.  Tienen entre 16 y 30 años; han vivido como indocumentados por lo menos cinco años y cuentan con un diploma de preparatoria o son veteranos que fueron dados de baja con honores.

Muchos esperaban que la reelección de Obama en el 2012 motivaría al Congreso a aprobar una reforma migratoria integral. Un grupo bipartidista de ocho senadores presentaron la S 744, una propuesta para una reforma migratoria que incrementaba la vigilancia en las fronteras y el interior del país, creaba un camino de 13 años hacía la ciudadanía estadounidense para la mayoría de los indocumentados, y revisaba y expandía los programas de trabajadores huéspedes. El Senado aprobó la S 744 por 68 a 32 votos en junio del 2013, pero los líderes de la Cámara de Representantes dijeron que preferirían un enfoque gradual o paso a paso en el diseño de la políticas migratorias y no tomaron ninguna acción. (Migration News 2013).

Sin ningún paquete migratorio integral que pudiera obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso, el presidente Obama extendió DACA tras las elecciones de noviembre del 2014, y propuso la Acción Diferida para Padres con Hijos Ciudadanos o Residentes (DAPA, por sus siglas en inglés), el cual le hubiera dado un estado legal temporal a indocumentados cuyos hijos son residentes legales. La mitad de los estados se sumaron a una demanda para bloquear DAPA, y no se implementó (Rural Migration News 2016).

Incertidumbre bajo Trump

Durante su campana, el presidente Trump prometió deportar a extranjeros indocumentados, así que puede esperarse que incremente la vigilancia en las fronteras y se enfoque agresivamente en la expulsión de inmigrantes que han sido convictos de delitos.

Pero lo que aún no está muy claro es qué tan rápido podrá incrementar la vigilancia — dado que tales medidas requieren de una autorización de fondos por parte del Congreso.

Mucho del debate en torno al incremento de la vigilancia dentro de las fronteras del país podría incluir la participación de los gobiernos federal, estatales y locales para identificar a los extranjeros indocumentados.

Bajo la política de Comunidades Seguras que se inició en el 2008, la policía estatal y local compartieron las huellas dactilares de todas las personas arrestadas por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Cuando hay la sospecha de que un inmigrante podría ser indocumentada, el DHS podría pedir a la policía estatal y local que se detenga a esa persona hasta que los agentes de DHS lleguen.

Comunidades Seguras fue suspendida en el 2014 por la administración Obama como resultado de las protestas por parte de las comunidades migrantes las cuales alegaban que “actividades inocentes” como ser interceptado en un retén de sobriedad podría resultar en la deportación. Muchos estados fueron más allá declarándose “santuarios” y ordenando a sus agencias del orden a no cooperar con el DHS.

Trump prometió negar fondos federales a los estados y ciudades santuario, pero desde su elección, algunas ciudades han aprobado resoluciones comprometiéndose a no cooperar con el DHS aún cuando el resultado sea recibir menos fondos federales.

Un área en la que Trump puede actuar rápidamente es en las políticas de refugiados. El presidente, en consulta con el Congreso, determina el número de refugiados que pueden establecerse en los Estados Unidos anualmente y en el año fiscal del 2016 admitió a 85,000. Obama propuso admitir 110,000 refugiados en el 2017, pero Trump podría reducir esa cifra.

Existen muchos otros asuntos migratorios que Trump puede abordar administrativamente. Por ejemplo, podría ordenar al DHS que reanude las redadas en empacadoras de carne y otros sectores que emplean grandes cantidades de indocumentados, o incrementar el número de auditorías de los formularios I-9 que deben presentar los empleadores y empleados recién contratados. Esto afectaría especialmente a aquellos sectores que contratan grandes cifras de indocumentados, como la agricultura.

El Centro para Estudios Migratorios (CIS, por sus siglas en inglés) presentó 79 acciones que el presidente podría tomar administrativamente, incluyendo una evaluación más cercana de aquellas personas que buscan una visa para estudiante, inversionista y trabajador huésped (CIS 2016).

Algunas acciones administrativas que el presidente Trump pudiera adoptar podrían ser controversiales. Él ha prometido revocar algunas leyes emitidas por Obama, incluyendo la que creó DACA. Muchos han pedido a Trump que se abstenga de cumplir con su promesa, enfatizando que los 741 mil jóvenes amparados bajo DACA han sido investigados y muchos trabajan actualmente de manera legal. Trump puede permitir que el permiso temporal de DACA expire en lugar de buscarlos y deportarlos utilizando la misma información personal que los solicitantes de DACA proporcionaron en su solicitud.

Es probable que la agenda migratoria de Trump interactúe con otras agendas, incluyendo la de comercio. México, la fuente número uno de migrantes, es también el tercer mayor socio comercial de los Estados Unidos, con un intercambio comercial bilateral de 584 mil millones de dólares durante el 2015.

Una razón por el aumento significativo en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es el Tratado de Libre de Comercio de Norteamérica, el cual Trump prometió renegociar. El monopolio de PEMEX sobre el petróleo de México se enfrenta a una baja en la producción y busca a socios extranjeros para que inviertan en la explotación de pozos petroleros. Ya que Trump desea incrementar la producción de combustible fósil, pudiera darse una negociación compleja con México incluyendo inmigración, comercio y energía. Algo similar sucede con China, la fuente número dos de migrantes y también el blanco de la ira de Trump por manejar un exceso comercial con Estados Unidos, con la cual podrían darse negociaciones que vinculen la inmigración con temas económicos.

La elección de Trump fue una sorpresa y podrían surgir sorpresas similares en sus políticas migratorias. Su retórica electoral cambió el vocabulario político en muchas áreas, incluyendo la inmigración, pero no está claro todavía si esta nueva retórica cambiará también la política migratoria.

Es muy posible que Estados Unidos continúe siendo el país con la población inmigrante más grande del mundo, pero el futuro de once millones de extranjeros indocumentados es incierto. Los extremos como la deportación de mayoría o colocar a la mayoría en el camino a la ciudadanía estadounidense, son menos probables que una solución intermedia que dé a la mayoría de los indocumentados algún tipo de estatus legal temporal

Notas del autor
* En este artículo “indocumentados” se refiere a personas que viven ahora en los Estados Unidos pero que nacieron en otro país y no son residentes legales o visitantes. “Inmigrantes” son personas que han sido legalmente admitidas que pueden o se han convertido en ciudadanos naturalizados.

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