La destitución legislativa de presidentes en América Latina, que sumó esta semana a Dilma Rousseff de Brasil, ha sido práctica recurrente en algunos naciones de la región en plena etapa democrática.
Centroamérica ha recorrido varias veces el camino de la destitución presidencial. El 28 de junio de 2009, el Congreso de Honduras destituyó al presidente Manuel Zelaya por incurrir en “reiteradas violaciones” de la Constitución, entre otros cargos.
Zelaya fue acusado por sus rivales políticos, incluso de su propia agrupación partidista, de intentar una legislación a modo para reelegirse y perpetuarse en el poder.
Con una intervención militar, que en un principio fue negada, el presidente Zelaya fue arrestado de madrugada y expulsado, aún con ropa de dormir, a Costa Rica.
En Guatemala el 1 de junio de 1993, el entonces presidente Jorge Serrano Elías huyó del país tras fracasar su “autogolpe de Estado”, al estilo del que consumó el presidente de Perú, Alberto Fujimori.
El 25 de mayo de 1993, Serrano Elías suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y ordenó el arresto de los titulares del Organismo Judicial y de otras instituciones con el argumento de que “depuraba” a los corruptos y que no lo dejaban gobernar.
El político no tuvo el respaldo de los militares y ante la presión de sectores guatemaltecos y disposiciones legales que desconocieron su investidura, salió de Guatemala. Luego de un breve paso por El Salvador se asiló en Panamá.
Serrano Elías ha logrado evadir a la justicia de su país que lo acusa de peculado, fraude, malversación, usurpación de funciones, apropiación y retención indebida, así como de violación a la Constitución, abandono del cargo y abuso de autoridad.
Tras la destitución de Serrano Elías, el 6 de junio de 1993 el Congreso nombró presidente a Ramiro de León Carpio, procurador de los Derechos Humanos, para concluir el mandato hasta enero de 1996.
En otro caso actual en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, un general retirado que logró la firma de la paz con la guerrilla luego de 36 años de conflicto armado interno, fue obligado a renunciar por un escándalo de corrupción.
Pérez Molina, cuyo mandato que comenzó el 14 de enero de 2012 y debería finalizar en enero de 2016, renunció el 3 de septiembre de 2015 cuando ingresó a prisión provisional por tres delitos relacionados con prácticas de corrupción.
El Congreso Nacional, que preparaba un juicio político contra el mandatario que lo despojaría del cargo, nombró a Alejandro Maldonado Aguirre, titular de la Corte de Constitucionalidad, para completar el período presidencial el 14 de enero de 2016.
Junto a Pérez Molina, dimitió la vicepresidenta Roxana Baldetti, la primera mujer en ocupar el alto cargo, fue detenida por el mismo caso de corrupción el 21 de agosto de 2015.
Tanto Pérez Molina como Baldetti, quien dimitió en mayo de 2015, fueron destituidos por el Congreso luego de una serie de manifestaciones masivas que lograron sus renuncias por las acusaciones de corrupción.
La buena estrella política de ambos dirigentes se apagó de manera abrupta en abril de 2015, a raíz de una investigación del Ministerio Público y de una dependencia de las Organización de las Naciones Unidas que colabora en Guatemala contra el crimen organizado.
La investigación estableció que el presidente y la vicepresidenta encabezaban una estructura criminal y de corrupción desde la propia autoridad recaudadora de impuestos, dedicada al contrabando y fraude fiscal.
En el caso de Rousseff, la destituida presidenta fue primero separada del cargo por 180 días a partir del 12 de mayo pasado, para luego enfrentar a los senadores que decidieron separarla del puesto.
No obstante, no la inhabilitaron de la vida pública, por lo que puede ostentar cargos públicos y presentarse a futuras elecciones.
Rousseff, quien fue aislada políticamente bajo sospechas de corrupción, fue la primera mujer que gobernó al gigante sudamericano.
