Por Jenny A. Durkan, alcaldesa de Seattle
A principios de este año, la administración de Trump propuso una actualización de la norma de “carga pública” que efectivamente impondría una prueba de ingresos a los inmigrantes y sus familias que solicitan tarjetas de residencia.
Como sabemos, nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados fortalecen nuestra ciudad y la hacen más vibrante. Por esto, solicité a la Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados) que prepare un análisis sobre cómo impactaría la norma propuesta en las familias de Seattle.
Los resultados son contundentes: esta determinación más rigurosa de carga pública representa un peligro para nuestras comunidades y para nuestra ciudad. La nueva barrera impuesta por la administración de Trump obligaría a las personas y sus familias a elegir entre reencontrarse con sus seres queridos o acceder a servicios esenciales como la atención médica, la asistencia para viviendas y otros beneficios públicos. La administración debería dar marcha atrás de inmediato.
Esta norma actualizada perjudicará a Seattle en tres planos importantes.
En primer lugar, esta norma más rigurosa tendría un impacto directo y negativo en decenas de miles de residentes de Seattle. Expertos de la University of Washington estiman que los cambios propuestos por las pautas de carga pública afectarán directamente a 51 186 inmigrantes que viven en Seattle. Además, los cambios propuestos alcanzarán indirectamente a otros 33 185 residentes de la ciudad que viven en hogares con personas afectadas directamente, incluidos 10 143 niños nacidos en EE. UU. El total de la población inmigrante afectada sería de 84 371 o el 64 % de la población inmigrante de Seattle.
En segundo lugar, la norma nueva debilitará el acceso a la atención médica para aquellos 85 000 residentes y afectará nuestra economía. Public Health – Seattle & King County (Salud Pública de Seattle y el condado de King) ha determinado que 10 500 niños en Seattle, independientemente de su estado, podrían verse afectados por la definición de carga pública propuesta, ya que es posible que sus padres se vean obligados a elegir entre inscribirse en programas importantes de necesidades básicas o volver a reunirse con sus familiares inmigrantes. La implementación de esta norma, conscientes de que puede afectar negativamente la salud de tantos niños, es inadmisible. Las economías fuertes y las fuerzas de trabajo talentosas se componen de personas y comunidades saludables. Esto significa brindarles acceso a los beneficios de la atención médica, incluido Medicaid.
Por último, esta norma reduciría la posibilidad de recaudar millones en lo que respecta a ingresos fiscales. Los ingresos de los hogares de los inmigrantes contabilizan $29 000 millones de ingresos familiares y $8000 millones en impuestos pagados al Área Metropolitana de Seattle. En comparación con el 2018, el presupuesto operativo total de la ciudad fue de $6010 millones y el presupuesto de capital total fue de $1110 millones.
Como tantas otras cosas que implementa la administración de Trump, la norma parece intentar resolver un problema que en realidad no existe. Al parecer, intenta crear un documento de 183 páginas y 156 211 palabras para resolver problemas que son ficticios o que ya tienen una solución funcional y legalmente vinculante. Una y otra vez, hemos visto a esta administración insistir con ataques crueles, divisorios e ilegales contra nuestros vecinos inmigrantes y refugiados. Los cambios propuestos a la determinación de carga pública es solo un ejemplo más.
Por todas estas razones, el Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional) debe retirar inmediatamente su propuesta actual y dedicar sus esfuerzos a promover políticas que fortalezcan, en lugar de socavar, la capacidad de los inmigrantes para mantenerse a sí mismos y a sus familias en el futuro.
El DHS aceptará comentarios del público con respecto a la norma de “carga pública” hasta el 10 de diciembre. En nombre de la ciudad de Seattle, conjuntamente con la OIRA, hemos presentado una carta al DHS en la que detallamos nuestra oposición a dicha propuesta.
Además, firmé un documento en el que varias ciudades expresan su opinión pública en contra de la norma de carga pública. Este documento de opinión pública, preparado por las ciudades de Chicago y Nueva York, detalla específicamente los múltiples problemas legales de la norma propuesta que tendrán impactos negativos de gran alcance en las ciudades de los EE. UU.
Hasta ahora, la OIRA ha trabajado con comunidades para generar más de 1,000 opiniones públicas en respuesta a la propuesta de la norma de “carga pública” de la administración. Puede conocer los detalles sobre el cambio de la norma propuesta en el sitio web de la OIRA: seattle.gov/oira/publiccharge.
Al igual que con las generaciones anteriores, los inmigrantes de hoy son los ciudadanos estadounidenses del mañana que deberían tener la oportunidad de contribuir a la vida económica, cultural y cívica de Seattle y nuestra nación. Es por eso que aquí, en Seattle, hemos implementado políticas para garantizar que los inmigrantes sean bienvenidos en nuestra ciudad. Los empleados de la ciudad no preguntan sobre el estado de ciudadanía y brindan servicios a todos los residentes independientemente de la situación migratoria.
Es importante que usted sepa que esta propuesta todavía no está aprobada. Todavía no ha finalizado. Varios defensores de la justicia para inmigrantes recomiendan que no cancele la inscripción o cancele ningún programa que le brinde apoyo esencial a usted y a su familia.
La ciudad también ha financiado programas sociales para ayudar a los residentes elegibles según sus ingresos con lo que consideramos necesidades básicas. Puede obtener más información sobre estos programas en www.seattle.gov/affordable.
