Gobierno da 18 millones de ayuda para grupos en Cuba, Venezuela y Nicaragua

Washington, 30 nov (EFEUSA).- El Gobierno anunció hoy 13,6 millones de dólares de ayuda para los refugiados venezolanos, otros 4 millones para organizaciones civiles nicaragüenses y 750.000 para “prisioneros políticos” en Cuba, un paquete de asistencia que supera los 18 millones de dólares.
El anuncio lo hizo hoy el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, durante un debate sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en donde intervinieron los legisladores Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen.
“Todos sabemos que la ayuda humanitaria es un alivio, pero la respuesta debe ser libertad y democracia”, subrayó Green.
El jefe de la Usaid consideró que, a pesar de la muerte de Fidel Castro (1926-2016), su “legado de la opresión” continúa en Cuba, ahora bajo el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, de manera que la “represión” sigue contra grupos como las Damas de Blanco, que reúne a esposas y familiares de “presos políticos”.
Mientras tanto, Green alertó de “ejecuciones extrajudiciales”, “torturas” y “encarcelamientos” en Nicaragua, donde las protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, han dejado 325 muertos desde abril, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con respecto a Venezuela, Green acusó directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de haber “provocado” el mayor “éxodo” de la historia del continente con la salida del país de tres millones de venezolanos que principalmente han puesto rumbo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, según datos de la ONU.
La nueva asistencia busca ayudar a las organizaciones civiles de Cuba, Nicaragua y Venezuela que están documentado “los abusos” y “violaciones” de derechos humanos, detalló Green.
Parte de la ayuda destinada a los migrantes venezolanos irá a parar a Colombia, principal destino de quienes huyen de Venezuela.
Según cifras oficiales, en lo que llevamos de año, la agencia de cooperación ha dado unos 173.500 dólares a “prisioneros políticos” y sus familias en Cuba y, además, ha otorgado unos 6 millones de dólares a refugiados venezolanos y unos 13 millones a instituciones nicaragüenses.
Esas cifras son solo una parte de la ayuda que el país otorga a asociaciones de esas naciones, que también reciben asistencia por parte de otras ramas del Gobierno, como el Departamento de Agricultura.
Washington ha endurecido sus sanciones a Venezuela y Nicaragua desde que el presidente, Donald Trump, llegó al poder en enero de 2017.
Asimismo, John Bolton, que desde abril es su asesor de seguridad nacional, quiere aumentar la presión contra estos dos países y Cuba, a los que ha descrito como una “troika de la tiranía”.
El Congreso ha tomado una serie de medidas para apoyar a las organizaciones civiles de estos países y, además, está debatiendo la “Nica Act”, un proyecto de ley destinado a frenar los desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que su Gobierno convoque elecciones “libres” con observación internacional.
El Senado aprobó esta semana la “Nica Act” y el próximo “martes o miércoles” podría aprobarla la Cámara de Representantes para convertirse en ley, indicó hoy Ros-Lehtinen.
Ros-Lehtinen, representante republicana por Florida y de origen cubano, explicó que la “Nica Act” incorporó una serie de cambios durante el debate en el Senado y, ahora, recoge prerrogativas para que el Gobierno sancione a responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluidos funcionarios nicaragüenses.
El texto, además, otorga poder a los representantes de EE.UU. en instituciones financieras internacionales para que se opongan a préstamos de asistencia gestionados por el Ejecutivo nicaragüense.
EE.UU. forma parte de un Grupo de Trabajo sobre Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en el marco de esa iniciativa, ha propuesto cortar los fondos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede a Nicaragua, que tiene una cartera activa de 624 millones de dólares en esa institución.
La última vez que el BID congeló temporalmente los desembolsos a un país fue en 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.