CIDH, Almagro y 12 países avisan de un aumento de la “represión” en Nicaragua

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Washington (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y doce países del continente americano alertaron de un aumento de la represión en Nicaragua con un mayor número de detenidos en las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La CIDH, Almagro y las doce naciones, integradas en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunciaron durante un Consejo Permanente del organismo.
Almagro avisó de que si la “represión” continúa en Nicaragua, la OEA podría invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla gestiones diplomáticas contra un Estado miembro y, de fracasar estas, allana el proceso para su suspensión.
“Hoy sucede algo terrible en Nicaragua, ya es demasiada la sangre en Nicaragua, llegó la hora de exigir y reclamar y solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia, nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse y democratizarse”, afirmó.
“La continuidad de las políticas represivas, obligará a acudir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, añadió Almagro.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó que su organización, en las últimas semanas, “ha observado un creciente deterioro en el Estado de Derecho en el país, un incremento de los actos de violencia y represión para reprimir las manifestaciones púbicas”.
Desde el estallido de las protestas el 18 de abril, la Comisión ha contabilizado 325 fallecidos y 300 detenidos, mientras que 200 trabajadores sanitarios fueron despedidos por ayudar a manifestantes heridos y 400 estudiantes fueron expulsados de las universidades públicas por su participación en las movilizaciones.
El titular de la CIDH volvió a pedir al Gobierno acceso a información detallada sobre los fallecidos para verificar las cifras ofrecidas por las autoridades, que solo reconocen 199 muertos.
Además, Abrão reiteró su “preocupación” por el uso de la “detención como herramienta de represión de la protesta social” y pidió respetar el derecho de los nicaragüenses a manifestarse, después de que el 28 de septiembre el Ejecutivo prohibiera las movilizaciones convocadas sin permiso de las autoridades.
“Estas situaciones en un Estado democrático de Derechos serían excepcionales, pero parece que en Nicaragua son la regla”, opinó.
En respuesta, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luís Exequiel Alvarado, criticó el análisis de la Comisión y consideró que el organismo “se ha prestado a ser usado como un arma del golpismo” que, a su juicio, ha promovido “un sector minoritario de la derecha” de Estados Unidos.
Alvarado acusó a Washington de financiar a los que protestan con “odio en el corazón y armas en las manos”.
De esa forma, el Ejecutivo nicaragüense rechazó la mediación de la CIDH y reiteró que “no reconoce” el Grupo de Trabajo que fue creado el 2 de agosto con el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA para ayudar al restablecimiento de la paz en Nicaragua.
Ese Grupo de Trabajo presentó hoy un su último informe, en el que concluye que, “si bien se ha contenido la represión violenta de los meses de verano, prevalece un clima de miedo” debido a que “los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación”.
En verano se registró un gran número de muertos en Nicaragua debido a los choques entre manifestantes y simpatizantes de Ortega, pero posteriormente el Gobierno ha pasado a perseguir judicialmente a los manifestantes y ha optado por restringir las manifestaciones.
Durante el último mes, el Grupo de Trabajo se reunió con el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que, durante esos encuentros, se evaluó la posibilidad de tomar medidas económicas contra el Gobierno de Ortega, como la congelación de fondos, pero no se tomó ninguna decisión.
Este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una contracción el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua del 4 % en 2018, lo que deja atrás las alzas de los últimos ocho años.

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