Oregón demanda a farmacéutica en medio de la crisis de opiáceos

Portland (EFEUSA).- La oficina del Fiscal General de Oregón presentó una demanda contra la compañía farmacéutica Purdue Pharma, solicitando más de 1 millón de dólares de multa y la prohibición de vender opiáceos para personas de la tercera edad.
Es la segunda vez que el estado demanda al fabricante del fármaco OxyContin, sobre lo que la oficina de Fiscal General, Ellen Rosenblum, asegura se trata de 10 años de violaciones a un acuerdo estatal.
El OxyContin, que introdujo la empresa en 1996, es considerado un narcótico analgésico potente y muy adictivo.
La demanda afirma que los opiáceos aumentan el riesgo de caídas, fracturas y muertes en personas mayores, y asegura que la compañía se enfocó en los centros de atención a largo plazo e instó a los médicos a recetar opioides en dosis más altas de las recomendadas a personas de la tercera edad.
Además, de acuerdo con la instancia, Purdue mintió a la junta estatal de farmacias de Oregón acerca de haber recibido sanciones estatales y federales al renovar su licencia para vender el compuesto.
En medio de lo que se reconoce como “la crisis de opiáceos” en el país, la demanda alega que la compañía distribuyó publicaciones con reclamos falsos y engañosos y entrenó a su equipo de ventas para minimizar el mensaje de los daños de Oxycontin a personas mayores y discapacitadas.
Cada día, más de 115 personas mueren por una sobredosis de opiáceos en EEUU. En 2016 se extendieron en toda la nación 214 millones de recetas de opiáceos, o lo que es lo mismo: a dos de cada tres estadounidenses.
En 2015, por cada 100.000 personas mayores en Oregón, casi 700 de entre 65 y 74 años fueron hospitalizadas por consumirlos.
Hasta el 2017, la crisis de los opiáceos ha costado al país un estimado de 1 trillón de dólares en salarios, productividad, tasas, cuidados hospitalarios adicionales, servicios sociales y gastos judiciales, según datos de la Oficina del Fiscal General.
La gobernadora estatal Kate Brown firmó una orden ejecutiva el pasado 27 de mayo calificando la crisis de prioridad estatal, y el departamento de Justicia de Oregón asignó aproximadamente 4 millones de dólares para contrarrestarla.