USA destaca violencia y falta de independencia Judicial en países andinos

Washington, 20 abr (EFEUSA).- El informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado destacó hoy la injerencia de algunos gobiernos en el poder judicial y las denuncias de torturas y de asesinatos extrajudiciales como algunas de las principales infracciones que se dan en los países de la región.
El informe, que examina el comportamiento de los Gobiernos del resto del mundo respecto al respeto a los Derechos Humanos, sirve como guía al Congreso a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país.
La situación en los países andinos es, según el documento, la siguiente:
BOLIVIA
——–
Aunque el informe reconoce que el gobierno de Evo Morales ha tomado medidas para juzgar a algunos miembros de las fuerzas de seguridad que “han cometido abusos”, también señala que se produjeron problemas de respeto a los Derechos Humanos durante el año pasado.
“Los principales problemas de Derechos Humanos incluyeron torturas, duras condiciones en las prisiones, falta de independencia judicial y la propagación de la corrupción en las fuerzas del orden y en el sistema judicial”, analiza el documento.
El informe cuestiona la legitimidad del actual gobierno, electo en unos comicios, los de 2014, cuyas garantías fueron puestas en duda por observadores internacionales y destacó que el pueblo se opuso a que el presidente Evo Morales pueda aspirar a un cuarto mandato en el referéndum celebrado en 2016.
COLOMBIA
——–
En el caso de Colombia, el Departamento de Estado alabó las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para “investigar, juzgar y castigar” a aquellos servidores públicos que cometieron violaciones a los Derechos Humanos, “incluidos jueces, alcaldes y otras autoridades locales”.
Entre las infracciones más habituales en el país, apunta el informe, se encuentran casos de torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, corrupción, violaciones y abusos cometidos contra mujeres y niños llevados a cabo, principalmente, por grupos armados.
Asimismo, critica la violencia sufrida en el país por personas debido a su orientación sexual o a su raza.
ECUADOR
——-
El informe destaca la “interferencia ilegal” de las autoridades en el ámbito privado de la familia, el hogar y la correspondencia, lo que tuvo su reflejo en “restricciones en la libertad de expresión”, con especial incidencia en la prensa.
El informe valora positivamente la actuación del gobierno del presidente Lenín Moreno, que “mantuvo un control efectivo” sobre las fuerzas de seguridad y tomó medidas para investigar y juzgar a funcionarios que cometieron violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, de acuerdo con el documento, en algunos de estos casos, los de interés público, la “injerencia política” tuvo como resultado la impunidad de los acusados.
PERÚ
—-
En el caso del país andino, Estados Unidos destaca que no existen informes sobre asesinatos ni desapariciones de carácter político y reconoce los esfuerzos del gobierno del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski -que renunció al cargo en marzo ante las acusaciones de corrupción- por castigar los abusos cometidos por funcionarios.
Entre las violaciones de derechos humanos en Perú, el documento apunta casos de torturas llevados a cabo por la policía y las acusaciones de corrupción tanto del poder Judicial como del Gobierno, “en todos sus niveles”.
VENEZUELA
——–
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela estuvo detrás de una campaña de torturas y “ejecuciones extrajudiciales” con el propósito de “consolidar” en el poder al presidente Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de mayo.
Además de los abusos cometidos directamente por el Ejecutivo, que han tenido su reflejo en la detención de “miles de individuos”, incluidos una docena de alcaldes de la oposición, Washington acusa al Gobierno de Maduro de “patrocinar” a los ‘colectivos’, grupos paramilitares que coaccionan a la población mediante la violencia.
“El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones”, sostiene el documento.