“Estamos viendo un aumento en el número de personas aprehendidas para ser deportadas”, dijo a periodistas Melissa Chua, directora de inmigración del Comité Internacional de Rescate (IRC), en una convocatoria de prensa nacional organizada por New America Media y Ready California. “No es sólo el crecimiento de la infraestructura [para deportaciones futuras]… lo estamos viendo en la realidad”.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos realizó 21.362 arrestos entre el 20 de enero y el 13 de marzo de este año, un tercio más que durante el mismo período de 2016, según cifras solicitadas por The Washington Post. Las cifras incluyen a 5.441 personas que no son ciudadanas y sin antecedentes penales, el doble del número durante el mismo período del año pasado.
Las estadísticas reflejan un cambio en las prioridades de la administración Obama, que buscaba dar prioridad a ciertos criminales y recién llegados para la deportación. Bajo Trump, las prioridades de deportación se han expandido tanto que pueden utilizarse para dirigirse a casi cualquier inmigrante indocumentado.
Los defensores de los derechos de inmigrantes y refugiados dicen que el efecto en las comunidades de inmigrantes es palpable.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), lo describió como “uno de los períodos más horrendos de la historia de Estados Unidos para familias inmigrantes”.
“Lo que estamos viendo”, explicó Salas, “es sólo una manera más dura por la cual el DHS [el Departamento de Seguridad Nacional] se ocupa de todos los asuntos de inmigración, especialmente cuando se trata de suspensiones de deportación o solicitudes de alivio”.
Más del 38 por ciento de las personas detenidas en las redadas de ICE del 9 de febrero en el sur de California, por ejemplo, solamente tenían infracciones menores, muchas de ellas de hace años, según Salas.
“La otra cosa que estamos viendo”, dijo, “es que están siendo más duros cuando se trata de individuos que tenían …suspensiones de deportación”.
“ICE está retrocediendo y tomando decisiones sobre esos casos”, explicó Salas. “En lugar de continuar sus suspensiones de deportación, están desafiando sus suspensiones de deportación, su cierre administrativo”.
Desde que asumió el cargo, Trump ha firmado órdenes ejecutivas que exigen “cambios radicales en la inmigración”, dijo Chua del IRC, agregando, sin embargo, que “muchos de estos cambios propuestos enfrentan obstáculos reales y significativos”.
Algunos, como la construcción de un muro fronterizo, no pueden ser implementados sin financiamiento. Otros han sido bloqueados por los tribunales, incluyendo el intento de la administración de retener fondos federales de las llamadas ciudades santuario; Y ambas versiones de la “prohibición de viajar” de Trump, cuyo objetivo era reducir los viajes de ciertos países predominantemente musulmanes y reducir el número de refugiados permitidos admisión a los Estados Unidos.
“Si bien muchos de los cambios propuestos por la administración pueden amenazar a los refugiados, inmigrantes y sus familias”, dijo Chua, “todavía existen algunas barreras reales a la implementación, ofreciendo verdaderos caminos de esperanza para las comunidades inmigrantes”.
Los defensores dicen que muchos de estos signos de esperanza están fuera de Washington.
“El movimiento por los derechos de los inmigrantes es cada vez más organizado y más poderoso”, dijo Salas, señalando los esfuerzos locales y estatales que buscan proteger los derechos de los inmigrantes en todo el país.
“Lo que es increíble son las muchas ciudades y escuelas que defienden a los inmigrantes”, dijo.
El 1 de mayo, señaló, cerca de 30.000 personas marcharon en las calles de Los Ángeles para defender los derechos de los inmigrantes.
“California está avanzando una visión diferente, una agenda diferente”, dijo Salas. La legislatura estatal ha propuesto varios proyectos de ley que tratan de defender los derechos de los inmigrantes, desde el proyecto de ley SB54 (el Acta de Valores de California), presentado por el presidente del Senado Pro Tempore Kevin de León (D-Los Ángeles), que buscaría prevenir que recursos estatales y locales se utilicen para cooperar con las deportaciones, al proyecto de ley SB6, por el Senador Ben Hueso, D-San Diego, que proveería financiamiento para servicios legales para inmigrantes que enfrentan la deportación.
Por el contrario, la legislatura estatal de Texas está avanzando hacia la derecha en materia de inmigración. Los republicanos de Texas acaban de aprobar el proyecto de ley SB4, una nueva ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, que amenaza a las fuerzas del orden con ser encarcelados si no cooperan con las autoridades federales de inmigración.
“A mediados de los años 90, California se parecía mucho al Texas de hoy”, dijo Salas, cuando los votantes de California aprobaron la Proposición 187. Esa medida ayudó a que su partidario, el gobernador republicano Pete Wilson, fuera elegido. Pero resultó en una reacción aún mayor contra el Partido Republicano en el estado, y es en gran parte acreditado con la movilización de los votantes latinos que han cambiado la cara de la política de California.
“Nuestra comunidad [en California] se comprometió”, dijo Salas.
Texas, que tiene la segunda población latina más grande del país después de California, podría ver una reacción similar. “Lo que estamos viendo en Texas es el mismo tipo de movilización”, dijo.
Mientras tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes están ayudando a mantener informadas a sus comunidades.
“Hay muchas familias que tienen miedo”, dijo Adriana Guzmán, coordinadora de alcance a inmigrantes con Fe en Acción en el Área de la Bahía. “Nuestro mensaje para ellos es que hay medidas que pueden tomar ahora”.
Guzmán dijo que está animando a las personas a hablar con un proveedor de servicios legales de confianza para ver si califican para alivio migratorio, para hacer un plan de preparación familiar, incluyendo quién se hará cargo de los niños si algo les sucede a sus padres y llevar el número de un abogado de inmigración de confianza al que pueden llamar en caso de una emergencia.
Lo que es más importante, dijo Guzmán, es que las personas deben saber que tienen ciertos derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. Estos incluyen el derecho a permanecer en silencio, el derecho a no abrir la puerta a los agentes sin una orden firmada por un juez, el derecho de hablar con un abogado y hacer una llamada telefónica, y de no firmar nada que no entienda o que no es cierto.
“Miles de trabajadores comunitarios están saliendo a sus comunidades, ofreciendo presentaciones de conozca sus derechos”, dijo Salas de CHIRLA. De ayudar a los inmigrantes elegibles a convertirse en ciudadanos y registrarse para votar, a protestar en las calles y apoyar los desafíos legales en los tribunales, dijo, los defensores de los derechos de los inmigrantes han sido capaces de “mandar un mensaje en estos días muy difíciles”.
