SEATTLE. La Ciudad de Seattle, bajo la dirección del alcalde Edward B. Murray y el fiscal municipal Pete Holmes, presentó hoy una demanda contra el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump que amenaza a las “ciudades santuario” (N.º 13768, 82 FR 8799). El decreto, que apercibe de la retención del financiamiento federal a las ciudades que se rehúsen a asistir al gobierno federal en la aplicación de la normativa migratoria, fue ratificado por el fiscal general Jeff Sessions esta semana. Con esta demanda, la Ciudad de Seattle pretende que se declare que su accionar se ampara en la legislación federal y que la Constitución de EE. UU. impide la implementación del decreto que le niega fondos federales que le corresponden. Seattle, una ciudad acogedora cuyos empleados tienen prohibido investigar la situación migratoria de los residentes y donde todos los servicios están disponibles para cada uno de ellos, alega que el decreto es inconstitucional y que la Ciudad no ha infringido la legislación federal.
“Seattle no sucumbirá a la coacción de quienes actualmente están al mando de la Casa Blanca ni de esta administración, por lo que hoy iniciamos acciones legales contra el decreto inconstitucional del presidente Trump”, afirmó el alcalde Murray. “La ley nos ampara: el gobierno federal no puede obligar a nuestro departamento de policía a aplicar la legislación de inmigración federal y tampoco puede utilizar nuestros fondos federales para forzar a Seattle a darles la espalda a las comunidades de inmigrantes y refugiados. Simplemente no lo haremos. Estamos orgullosos de ser una ciudad acogedora que promueve la inclusión de todos los residentes. Somos una ciudad más próspera y segura gracias a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados, y seguiremos defendiéndolas”.
La demanda, presentada hoy en el Western District of Washington (Distrito Oeste de Washington), se basa en dos argumentos principales en relación con el decreto ejecutivo
- El decreto es inconstitucional y ambiguo, y genera incertidumbre en torno al presupuesto de Seattle poniendo en juego el financiamiento federal. Infringe la décima enmienda dado que intenta obligar a las autoridades locales a aplicar la legislación de inmigración federal e incumple, además, la Spending Clause (Cláusula del Bienestar General), ya que pretende forzar la acción local a través de la denegación de fondos federales.
- La Ciudad de Seattle y nuestras políticas como ciudad acogedora no infringen la legislación federal. El decreto ejecutivo exige a las localidades que cooperen con el gobierno federal y revelen información. Se les ordena a los empleados de la Ciudad que colaboren con la aplicación de las medidas federales, no que la obstaculicen; sin embargo, tienen prohibido investigar la situación migratoria de los residentes. La Ciudad no prohíbe la divulgación de la información, sino que, en cambio, limita su recopilación.
La ambigüedad del decreto ejecutivo hace que la Ciudad sea incapaz de planificar con exactitud su próximo presupuesto, dada la amenaza de recortes de hasta $10.2 millones en programas de seguridad pública. La administración de Trump ha hecho reiteradas amenazas que se citan en la demanda, entre ellas:
“Al igual que la rueda de prensa irresponsable que dio el fiscal general el lunes, la intimidación permanente de esta administración está causando un verdadero daño en las ciudades estadounidenses”, expresó el fiscal municipal Pete Holmes. “Esta demanda representa el intento de Seattle por silenciar el histrionismo en favor de una declaración conforme a derecho. Espero que el presidente se abstenga de tuitear su dictamen jurídico antes de que nuestros Tribunales tengan la oportunidad de hacerlo”.
La Ciudad de Seattle anteriormente se pronunció en contra de los decretos ejecutivos del presidente Trump en relación con la prohibición de la entrada a quienes provengan de ciertos países musulmanes y presentó una serie de solicitudes de información específica sobre la definición de “ciudad santuario” según esta administración, fundamentadas en la Freedom of Information Act (Ley por la Libertad de la Información). Si bien la demanda surgió por iniciativa de la Ciudad, se alienta generosamente a que otras jurisdicciones se sumen a ella.
